Queridos amigos,

​​A veces las noticias llegan desde muy cerca de casa, esta semana informamos sobre el cierre de la animada escena de vendedores ambulantes en Corona Plaza. Muchos de nosotros, recordamos nuestra visita más reciente a este mercado informal al aire libre, que creció como un jardín de bienvenida durante la pandemia. Instamos a todos nuestros lectores a firmar la petición apoyando la lucha de los vendedores locales que están amenazados con perder sus ingresos y su comunidad. También lo alentamos a hacer circular este boletín entre vecinos, compañeros de trabajo y organizaciones políticas y religiosas que puedan ofrecer solidaridad social. 

Nota: El boletín de JHISN también está disponible en español en nuestro sitio web. Comparte el enlace!

Aspectos destacados del boletín:

1. La policía del Departamento de Sanidad desalojó a los vendedores ambulantes en Corona

1. Adams Traiciona a los Vendedores de Corona Plaza

“¡Somos fundamentales para la economía de Corona, Queens, y debemos ser escuchados y respetados!”—Asociación de Vendedores Ambulantes de Corona Plaza

La guerra contra los vendedores ambulantes ha llegado a Corona Plaza. Siguiendo el mismo guión que utilizó recientemente en Flushing, el alcalde Eric Adams recorrió la plaza y afirmó estar consternado por la “venta ilegal y el servicio peligroso de comida”. Poco después, el 27 y 28 de julio, la Policía del Departamento de Sanidad recorrió la Plaza, repartiendo multas por hasta 1.000 dólares, llevándose suministros y confiscando carritos de venta, y eliminando a más de 80 vendedores. Hoy en día, en lugar del colorido, vibrante y familiar mercado que ofertaba comida y artesanías económicas de Ecuador y México, los trabajadores y miembros de la comunidad que regresan a Corona encuentran en su mayor parte solo concreto feo y blanco. Lo único que queda son unos pocos carritos de comida solitarios que tienen la suerte de poseer las escasas licencias de la municipalidad. Al igual que en Flushing, las manifestaciones a favor y en contra de la represión han atraído políticos de ambos lados y un duelo de peticiones, mientras los vendedores, en su mayoría mujeres inmigrantes, luchan por encontrar una manera de cubrir sus gastos.

Los lectores del boletín de JHISN ya son conscientes de la lucha actual de los vendedores ambulantes de la ciudad para mantener su sustento frente a los ataques y las dobleces de la administración Adams. En Julio pasado, informamos que Adams había adoptado las recomendaciones de una nueva Junta Asesora de Vendedores Ambulantes (SVAB). La SVAB, el Concejo Municipal y Adams acordaron reducir la aplicación de sanciones y emitir más licencias para carritos de comida. En Noviembre, escribimos sobre Adams rompiendo estas promesas. Las licencias de carritos se retrasaron mientras la emisión de multas a los vendedores continuó intensificándose. En Abril, publicamos un artículo sobre la eliminación de los vendedores ambulantes de Flushing por parte del Municipio. Desde entonces, la municipalidad ha desalojado a los ambulantes en Sunset Park y al barrio chino de Elmhurst. La policía continúa acosando a los vendedores de churros en la Estación de la Calle 74 y Avenida Roosevelt.

La venta ambulante en Corona Plaza refleja una tendencia en toda la ciudad. Cuando miles de empleos ocupados por trabajadores migrantes desaparecieron a principios de la pandemia, la venta ambulante se triplicó. Recientemente, ha habido otra ola de vendedores, incluidos nuevos solicitantes de asilo que no pueden obtener documentos de trabajo. (Una manifestación de esta tendencia es el aumento de mujeres y niños migrantes vendiendo dulces en las estaciones del tren). Corona Plaza, un espacio anteriormente subutilizado cerca a una concurrida estación del tren 7, ofreció un rayo de esperanza para los vendedores inmigrantes. Se convirtió en una especie de feria callejera de la clase trabajadora, ampliamente conocida por la variedad y autenticidad de su comida. Atrajo no sólo a los lugareños sino también a visitantes de todo Nueva York y a turistas. El crítico gastronómico del NY Times lo nombró uno de los mejores lugares para comer en la ciudad en el 2023. Según el Proyecto de Vendedores Ambulantes (Street Vendor Project), aproximadamente 100 familias pasaron a depender de las ventas en la Plaza para obtener ingresos. Ellos pagaron impuestos sustanciales, crearon nuevos puestos de trabajo y construyeron una base fija de clientes.

Con el tiempo, algunas partes de la Plaza se llenaron de gente y hubo verdaderos problemas con la basura. Pero los vendedores trabajaron diligentemente con las agencias de la ciudad para abordar estos problemas. Operando con voluntarios a través de El Grupo de Trabajo de Corona Plaza, organizaron una organización sin fines de lucro 501c, y establecieron reglas para la venta, agregaron contenedores de basura, coordinaron limpiezas y organizaron eventos culturales. Pensaron que tenían un acuerdo informal con el municipio mientras buscaban una solución permanente. Así que la decisión de la administración Adams de desalojar repentinamente a los vendedores de la Plaza los tomó por sorpresa.

Varios empresarios, políticos y residentes de Corona se alegraron de que los vendedores fueran desalojados. Por ejemplo, algunos propietarios de restaurantes locales ven a los vendedores de comida como competidores que no pagan alquiler. Luis Tacuri, que dirige un restaurante ecuatoriano cercano, vió con agrado el desalojo municipal de vendedores de comida. Aún así, admitió, “las sanciones han hecho poco para redirigir a los clientes hacia él, ya que no ha visto muchos cambios en su propio negocio”. De hecho, la Plaza ahora está casi vacía.

Una campaña anti-ambulantes más concertada se centró en la oficina del concejal del Distrito 21, Francisco Moya, quien ha trabajado estrechamente con Adams en el pasado. “Merecemos calles limpias. Merecemos calles seguras”, insistió Moya en TV, asegurando que recibió 20 quejas por semana sobre Corona Plaza. Pero las denuncias dirigidas a Moya (y a los medios) a menudo intentaban vincular la venta de alimentos con asuntos no relacionadas como salones de masajes en la Ave. Roosevelt o venta ilegal de drogas que ocurrían fuera del área de comida. El pánico moral fue calibrado para apelar al reflejo de “ley y orden” de la administración Adams. Un voluntario de la iglesia local, Douglas Weidner, dijo al LIC Post que, por las noches, la Plaza se había convertido en “el patio del diablo”.

Sorprendentemente, recientemente se ha revelado que un “Oficial de Coordinación Vecinal” de la Comisaría 110 del Departamento de Policía de Nueva York, que se supone que es un enlace neutral, ayudó a organizar la oposición a los vendedores. El Proyecto de Vendedores Ambulantes ha presentado una queja ante la Junta de Revisión de Quejas Civiles.

Varios activistas progresistas vinculan el coro de “calles limpias, calles seguras” de Moya con su promoción de rezonificación y desarrollo inmobiliario, incluido su apoyo decisivo al Flushing Waterfront District y al Proyecto de Reurbanización de Willets Point, ambos justo calles más abajo de Corona Plaza. Ellos acusan a Moya de incentivar la especulación y gentrificación del sector inmobiliario en uno de los distritos más pobres de la ciudad. Anuncios pagados por un súper PAC de bienes raíces respaldó la reciente reelección de Moya y lo elogió por “liderar el impulso para reconstruir Willets Point”, un proceso que ha resultado en la pérdida de miles de trabajos de inmigrantes.

Los vendedores ambulantes de Corona Plaza están luchando por encontrar una manera de restablecer sus medios de vida. A largo plazo, esperan un “acuerdo de concesión” patrocinado por el Departamento de Transporte (DOT), propietario de la Plaza. Una empresa sin fines de lucro sería responsable de hacer cumplir las regulaciones de la ciudad. Las licencias de carritos, casi imposibles de conseguir, no serían necesarias en virtud de dicho acuerdo. Este es un concepto iniciado en Fordham Plaza, cuando el Mercado Nocturno del Bronx fue fundado en 2018. Pero el DOT dice que pasarán aún varios meses para lanzar una solicitud de propuestas para que una empresa administre Corona Plaza. Mientras tanto, ¿cómo sobrevivirán los ambulantes?

En una reciente editorial, la senadora estatal Jessica Ramos y el presidente del condado de Queens, Donovan Richards, argumentan:

Hay una falsa elección que se cierne sobre Corona Plaza. Un creciente discurso en torno a la venta ambulante, ha creado la impresión de que tenemos que elegir entre las personas adecuadas para ganarse la vida honestamente, y el derecho a un espacio público limpio y seguro. Pero ambas cosas deberían –y pueden– ser ciertas.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

• Firme la petición online de los vendedores de Corona Plaza o en persona. (La versión en papel ya tiene más de 10.000 firmas.)
• Si puedes, considera donar al Proyecto de vendedores ambulantes.

En solidaridad y con cuidado colectivo,

Red de Solidaridad con Inmigrantes de Jackson Heights (JHISN)

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Queridos amigos,

Continuamos resaltando la extraordinaria historia que se desarrolla ante nuestros ojos este verano 2023: la llegada de casi 100.000 nuevos inmigrantes a NY en los últimos 16 meses. Las crisis económicas, ambientales y humanitarias que impulsan la migración en este momento histórico son difíciles de comprender, y mucho menos de resolver. Por ello, les traemos una actualización sobre la escasez de vivienda que enfrentan los recientes inmigrantes en particular en la ciudad de Nueva York.

Y como siempre, el verano vuelve a traer incendios catastróficos e inundaciones en muchos sitios alrededor del mundo, nos centraremos en las luchas de los inmigrantes y estudiantes pakistaníes en los EEUU. Con Pakistán aún gravemente dañado por las inundaciones sin precedentes del verano pasado, los activistas en el barrio están liderando una campaña para proteger legalmente a los paquistaníes de ser enviados de regreso a una zona en desastre.

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Puntos destacados del boletín:

1. Viviendas justas para los nuevos inmigrantes en la ciudad de Nueva York
2. DRUM lucha para garantizar la protección de los paquistaníes en EEUU.

1. Continúa la Emergencia de Vivienda en Nueva York para los Solicitantes de Asilo

“Los neoyorquinos necesitan más viviendas permanentes, no más refugios temporales y HERRC [Humanitarian Emergency Response and Relief Centers]” –Murad Awawdeh, Director Ejecutivo de New York Immigration Coalition

A pesar de las dramáticas imágenes en los medios de los solicitantes de asilo, descansando en las veredas de los refugios en la ciudad de Nueva York, es poco probable que la administración de Biden tome medidas inmediatas para implementar un cambio. Los principales asesores han dicho que se necesita una solución del Congreso para lidiar con la afluencia de más de 95,000 inmigrantes a la ciudad desde la primavera pasada. Una reunión reciente de senadores de Nueva York, demócratas de la Cámara de Representantes y Alexander Mayorkas del Departamento de Seguridad Nacional, resultó en una simple decisión de designar una persona que coordine con la ciudad, en lugar de resolver el problema. También es incierto si el Estado de Nueva York optará por intervenir, dado que hasta la fecha no ha logrado convertir espacios comerciales infrautilizados en residencias para personas necesitadas; en la siguiente sección de ¿Qué podemos hacer? puede unirse a nosotros para influir en la gobernadora Hochul a que tome medidas al respecto.

Aunque FEMA asignó más de $100 millones para ayudar a acomodar a los inmigrantes enviados a la ciudad de Nueva York desde otros estados, el alcalde Adams ha dicho que la municipalidad no ha recibido el dinero. La ciudad de NY continúa usando los costosos hoteles como lugares para albergar a los migrantes y, a menudo, se enfrenta a la oposición de los vecinos a ubicaciones alternativas para nuevos centros de socorro, especialmente cuando implican soluciones costosas basadas en tiendas de campaña en lugar de viviendas permanentes. Los lectores de nuestro boletín, recordarán que las estructuras de carpas se crearon a un gran costo, en ambos Orchard Beach y la isla de Randall en las primeras etapas de esta crisis, y se cerraron después de unas semanas. 

En 2022, el Consejo Ciudadano de Planificación de Vivienda, publicó un Plan de Vivienda para una Ciudad de Inmigrantes. Destacando que la inmigración siempre ha sido una fuerza impulsora para el crecimiento y el éxito de la ciudad de Nueva York, el plan también sostiene que la política pública ha privado a las comunidades de inmigrantes del acceso equitativo a oportunidades y calidad de vida. En la actualidad no sólo no se han cumplido los objetivos del Plan de Vivienda, también vemos que las privaciones continúan: una audiencia judicial de emergencia se tuvo que realizar a fines de julio, cuando el alcalde Adams solicitó que se suspenda la ley que exige que la ciudad de Nueva York brinde refugio a cualquiera que lo solicite. Hace tres semanas, después de la negativa de esa suspensión, Adams modificó el reglamento para exigir a los migrantes sin familia que se muden de los refugios o vuelvan a presentar una solicitud después de 60 días de estar en este sistema. El Comisionado del Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York,  informó que de los 1.400 solicitantes solteros de asilo que recibieron notificación para salir del sistema, el 65% indicó su deseo de dejar el sistema de albergue por una permanente solución de vivienda.

El costo de alojar a los solicitantes de asilo en hoteles, ha llevado al alcalde Adams a sugerir que otros servicios de la ciudad deben ser recortados, incluidos “horario de biblioteca, comidas para personas mayores, programas de reinserción social para ex-presos de Rikers Island y cuidado gratuito diario para niños de tres años”. Este costo también ha puesto de relieve problemas como el uso mínimo de la unión de hoteles, y el hecho de que a los hoteles se les paga una tarifa de habitación mucho más alta de lo que se espera que paguen los turistas. También, ha surgido controversia sobre la cantidad de dinero que se gasta diariamente para albergar inmigrantes que es entre un 33%, y un 100% mayor que la cantidad que se gasta en programas diarios para personas sin hogar. Como el Contralor de la ciudad, Brad Lander, ha señalado: “Una característica de los costos de emergencia es que cuestan un ojo de la cara”.

Nuestro distrito de Queens, está en el centro de la resistencia reciente a la construcción de refugios temporales para nuevos inmigrantes. La concejal Joann Ariola, en el sur de Queens, anunció su oposición a un plan de levantar carpas en el Aqueduct Racetrack, al afirmar que el sitio estaba “fuera de discusión” durante una manifestación frente a la propiedad el 17 de julio. Cuando se difundió la noticia de que se podría construir otro refugio de carpas en el Centro Psiquiátrico Creedmoor, funcionarios electos del Este de Queens, encabezaron una manifestación en oposición al plan. Los funcionarios se centraron en por qué la ubicación no sería buena para los solicitantes de asilo, y la situación inhumana que causaría la falta de aire acondicionado, calefacción y opciones de tránsito cercanas. Pero, el 8 de agosto, una manifestación más rabiosa opuesta al refugio de Creedmoor mostró que muchos manifestantes no estaban preocupados por la difícil situación de los migrantes. Con carteles que proclamaban “Estadounidenses contra Inmigrantes”, “Cierren la Frontera”, “Envíenlos de Regreso” y “Protejan a Nuestros Niños”, sus carteles de “Salvemos Nuestro Vecindario” y “No a las Tiendas de Campaña”, expresaban claramente su oposición a que ningún inmigrante sea trasladado a nuestros vecindarios. Afortunadamente, había activistas a favor de los inmigrantes entre la multitud que se oponían a sus virulentas expresiones. 

Si bien hay muchas discusiones sobre los problemas, los temas, los desafíos y los costos de los servicios para apoyar a los nuevos inmigrantes, todavía no se ha visto un avance significativo actualmente para mejorar esta situación. Las voces antiinmigrantes usarán cualquier cosa para hablar en contra de los cruces de frontera, el alcalde tratará de encontrar apoyo legal para terminar con la obligación de la ciudad de dar derecho a la vivienda, y los planes de acción sobre lo que sucederá con los migrantes después de haber estado en el sistema por más de 60 días, o volver a aplicar, no se encuentran por ninguna parte.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

• Anime a las organizaciones con las que está involucrado a firmar la carta de la Coalición para Personas sin Hogar para entregarlo a la gobernadora Hochul exigiendo acciones para que las personas tengan un lugar seguro para dormir. Fecha límite 15 de agosto.
• Utilice el sitio web de Documented, para saber Cómo donar y ayudar a los inmigrantes que buscan asilo en la ciudad de Nueva York.

2. Campaña de DRUM para TPS y SSR para Pakistán

En el 2022, inundaciones catastróficas en Pakistán siguieron después de la peor temporada de monzones en 62 años. Un tercio del país estaba bajo el agua. Se perdieron vidas, hogares, cosechas y ganado. Los medios internacionales proporcionaron información sobre los efectos inmediatos de las inundaciones, pero en el 2023 se ha prestado poca o ninguna atención a la situación actual de Pakistán.

DRUM (Desis Rising UP and Moving), el grupo Defensor de inmigrantes con sede en Jackson Heights, si está prestando atención. En diciembre de 2022 Fahd Ahmed, Director Ejecutivo de DRUM, se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, pidiéndole que haga una solicitud formal al gobierno de los EEUU para TPS/SSR, explicando cómo eso beneficiaría a los 50,000 paquistaníes indocumentados que viven en los EEUU.

Y el 27 de julio, DRUM organizó una reunión via Zoom e invitó a los funcionarios electos y periodistas a conocer la situación actual en Pakistán, y apoyar la campaña para obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Alivio Especial para Estudiantes (SSR) para Pakistán. Actualmente, dos millones de personas en Pakistán tienen casas dañadas, millones se ven afectadas porque los campos todavía están inundados, por lo que no se pueden sembrar y los precios de los alimentos se han disparado, y muchas carreteras están dañadas, lo que hace que las áreas al interior del país sean inaccesibles. TPS y SSR son apoyos necesarios en la estela de un desastre tan grande.

Los ponentes el 27 de julio fueron la Dra. Alia Haider, reconocida activista y profesional de la salud paquistaní; Fatima Razzaq, conocida activista y periodista de investigación paquistaní; la Representante Sheila Jackson Lee, Jefe Adjunta del Congreso de los Estados Unidos y Presidenta del Caucus de Pakistán; Rasa Gillani, estudiante pakistaní de NYU; y Shahana Hanif, concejala de la ciudad de NY del distrito 39 y la primera mujer musulmana en el Consejo; así como Abdul Qayum, un paquistaní indocumentado que vive y trabaja en la ciudad de Nueva York desde hace 33 años.

El Sr. Gillani, el estudiante de la Universidad de Nueva York, señaló que tiene un estipendio y permiso para trabajar, pero envía la mitad de lo que gana a su familia en Pakistán. Si SSR fuera autorizado, podría trabajar más horas y brindar más apoyo a su familia. 

La concejala Hanif declaró que la ciudad de Nueva York tiene la mayor población de paquistaníes en los EEUU. Muchos de ellos son indocumentados y enfrentan la posibilidad de deportación. La situación actual en Pakistán hace que sea imposible que las personas regresen y vivan con seguridad en Pakistán.

El representante Jackson Lee ha propuesto la Resolución 23 de la Cámara de Representantes para otorgar TPS y SSR a Pakistán para que las personas que ya están aquí puedan ser protegidas de la deportación y tener permiso para trabajar. Y en noviembre del 2022 más de 140 grupos escribieron al presidente Biden, al secretario Majorkas y al secretario Anthony Blinken para que otorgue estas protecciones.

¿LO QUE PODEMOS HACER?

• Firma la petición al presidente Biden para que otorgue la protección TPS/SSR para Pakistán. 

En solidaridad y con cuidado colectivo,

Red de Solidaridad de Inmigrantes de Jackson Heights (JHISN)

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Queridos amigos,

Escribimos el boletín de hoy intersectando la política local, nacional y mundial, una intersección densa donde habitan todos los inmigrantes. Lo ponemos al día sobre la lucha actual del grupo local Adhikaar, para asegurar que se extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS), para los miembros de la comunidad de habla nepalí, muchos de ellos vecinos aquí en el centro de Queens. Y trazamos una línea que conecta la historia del imperialismo que impulsa la migración actual y el incumplimiento de los EEUU de las leyes internacionales de asilo. Que es una fuente de inmenso dolor humano en la frontera entre Estados Unidos y México, y en las comunidades de inmigrantes como la nuestra.

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Puntos destacados del boletín:

1. La política de asilo hoy
2. Adhikaar lucha por el TPS

1. El asilo es un derecho humano

Paso a paso, EEUU y otras naciones ricas están socavando el derecho al asilo, un derecho vital establecido por la comunidad internacional, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, el discurso político dominante en el Norte Globalista, trata la búsqueda de asilo como un delito, y la oferta de asilo como si fuera una pesada carga.

>>Buscar asilo no es un delito

Las leyes estadounidenses e internacionales especifican claramente que cualquier persona puede solicitar asilo, y será tratada con respeto y dignidad sin importar como llegaron— incluso si solamente cruzaron la frontera caminando. Esta solemne obligación ha sido reafirmada por las cortes federales, la ONU y la Convención de Ginebra.

Es el gobierno de los EEUU, y no los solicitantes de asilo, el que comete delito cuando:

• rechaza solicitantes de asilo por motivos de la llamada “entrada ilegal.”
• niega a las personas el estatus legal o los hace permanecer en México sin considerar adecuadamente sus solicitudes de asilo.
• “determina” el número de solicitantes de asilo que permitirán entrar a los Estados Unidos.
• obliga a los refugiados a sacar “citas” de asilo usando una aplicación de internet lejos de la frontera.
• brutaliza y miente a los solicitantes de asilo.

>>Ofrecer asilo no es una carga

El imperialismo crea refugiados. Alrededor del mundo, el gobierno de EEUU, y las corporaciones estadounidenses invaden, provocan guerras civiles, exportan violencia de pandillas, generan devastación económica a través de tratados de “libre comercio”, destruyen el medio ambiente y patrocinan dictadores y escuadrones de la muerte. Estas políticas depredadoras, que benefician a los norteamericanos ricos y las corporaciones, son los responsables del caos, la violencia y la persecución; y son la causa de que millones huyan de sus hogares. Irónicamente, EEUU admite de lejos menos solicitantes de asilo, comparando su tamaño con otras naciones. Nuestro gobierno también discrimina insensiblemente a aquellos cuyas vidas se ven más afectadas por el imperialismo, dando prioridad expedita o arreglos particulares para los refugiados que tienen dinero, conexiones, o piel blanca.

De todas formas, los políticos de los dos partidos principales prefieren hablar sobre lo costoso que es recibir a los solicitantes de asilo. Estos son los mismos “líderes” que promueven subsidios para beneficiar los intereses de las inmobiliarias y corporaciones monopólicas: dádivas corruptas que son malas para la clase trabajadora y asombrosamente costosas. Las quejas de los políticos sobre los refugiados, sin darse cuenta, pone de relieve su propia falta de empatía y su confort con la extrema desigualdad.

Constantemente nos sermonean que “no podemos permitirnos” el asilo o cualquier otra necesidad social de las personas oprimidas. Se nos dice que “El Presupuesto” tiene un límite fijo. Pero el país más rico del mundo (y Nueva York, su ciudad más rica) ciertamente puede darse el lujo de recibir a muchos más solicitantes de asilo que los que recibe en la actualidad. Para satisfacer esta necesidad, esta obligación humana, en realidad solo se requiere de una sola decisión política: hacer que los ricos paguen su parte o más impuestos.

2. Adhikaar defiende el TPS ante el Tribunal del Noveno Circuito

“La extensión del TPS nuevamente nos ha brindado un alivio temporal, pero no podemos continuar nuestra vida en incrementos de uno o dos años. Hemos hecho de los EEUU nuestro hogar y estamos aquí para quedarnos. Lucharemos con uñas y dientes para asegurar reasignaciones para los cuatro países y protección permanente para todos”.—Keshav Bhattarai, Demandante y Miembro Líder de Adhikaar

Como parte de su cruzada contra los inmigrantes, la administración Trump declaró el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes que huyeron de condiciones peligrosas en Nepal, El Salvador, Nicaragua y Honduras. El martes 20 de Junio, el presidente Biden revocó esa decisión y anunció una extensión de 18 meses de los programas. Como resultado, los titulares de TPS actuales de esos cuatro países estarán protegidos hasta el 2025, siempre y cuando se vuelvan a registrar.

La decisión de Biden se produjo solo dos días antes de una audiencia previamente programada ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Seattle para revisar un caso importante de TPS conocido como Ramos vs Mayorkas. Los demandantes son tres nepalíes (Keshav Bhattarai, Saijan Panday y Sumima Tapa) y dos salvadoreños (Krista Ramos y Cristina Ramos). Adhikaar, el grupo con sede en Jackson Heights que apoya a la comunidad local de habla nepalí, desempeña un rol destacado en el caso.

La historia de Ramos vs Mayorkas comienza en 1990, cuando el Congreso estableció el programa TPS, permitiendo a los inmigrantes de países inseguros vivir y trabajar en los EEUU por un período de tiempo temporal, pero extensible. Los países han sido considerados inseguros debido a desastres naturales, disturbios políticos o conflictos armados. Actualmente, hay aproximadamente 400,000 titulares de TPS en los EEUU. Muchos de ellos han vivido y trabajado aquí durante décadas.

Cuando la administración de Trump rescindió el TPS para Haití, Nicaragua, Sudán, El Salvador, Nepal y Honduras en el 2017-2018, esto fue cuestionado por múltiples demandas. Un juez de una corte distrital emitió una orden judicial para evitar que cualquiera de estas órdenes entrara en vigor, argumentando que estaban motivados por racismo y no tuvieron en cuenta las condiciones inseguras actuales de los países afectados. La administración Trump apeló, y en el 2020 un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito estuvo de acuerdo con él aduciendo que la orden judicial era inapropiada. Los abogados de ACLU, Adhikaar, the National Day Laborers Organization y Unemployed Workers United pidieron al Noveno Circuito que revisara todo el caso, lo cual acordaron hacer, programando la audiencia para el 22 de junio.

Una vez que se anunció la extensión del 20 de junio de la administración de Biden, la audiencia del 22 de junio se convirtió en un debate sobre si la Corte aún debería emitir una decisión y, de ser así, cuál debería ser. Adhikaar argumenta que la Corte debería devolver el caso al tribunal del distrito, permitiéndole reafirmar su decisión original de que la finalización del TPS por Trump fue motivada por el racismo y, por lo tanto, inconstitucional.

El 24 de junio, durante un asamblea pública en linea de Adhikaar, Emi MacLean, abogada del caso, recordó a la audiencia sobre la intensa hostilidad antiinmigrante, proveniente de la administración Trump cuando intentó terminar la protección del TPS.

“Es importante recordar lo valiente que fue que la gente se hiciera presente: los que estaban en las calles marchando, los que fueron al Congreso y los que estuvieron dispuestos a poner sus nombres en esta demanda y compartir sus historias públicamente para que los jueces y los medios y el público estuvieran al tanto de lo que estaba en juego y obligar a los jueces a tomar una decisión acerca de la legalidad”.

Tal como están las cosas ahora, las personas de los cuatro países que tenían protección TPS en el gobierno de Trump deben volver a registrarse durante un período específico de 60 días para extender su TPS y autorizaciones de trabajo (EAD).

DHS extenderá el TPS de la siguiente manera:

•  Nepal del 25 de diciembre del 2023 al 24 de junio del 2025 (60 días período de reinscripción: 24 de octubre del 2023 – 23 de diciembre del 2023)
• El Salvador del 10 de septiembre del 2023 al 9 de marzo del 2025 (60 días período de reinscripción: 12 de julio del 2023 – 10 de septiembre del 2023);
• Honduras del 6 de enero del 2024 al 5 de julio del 2025 (60 días período de reinscripción: 6 de noviembre del 2023 – 5 de enero del 2024);
• Nicaragua del 6 de enero del 2024 al 5 de julio del 2025 (60 días período de reinscripción: 6 de noviembre del 2023 – 5 de enero del 2024).

La Alianza Nacional del TPS y los defensores de los inmigrantes están complacidos de que Biden haya revertido el plan de Trump de terminar el TPS. Pero están presionando a la administración, para que haga algo más que extender el plazo para aquellos que ya estaban cubiertos. Ellos quieren que se “redesigne” a los cuatro países, reiniciar el inicio del programa para incluir nuevos inmigrantes en el programa. También están presionando al Congreso para que otorgue un camino legal a la ciudadanía para los titulares de TPS. Mientras tanto, se espera un fallo del Noveno Circuito.

¿LO QUE PODEMOS HACER?

• Apoye el trabajo de Adhikar tra para asegurar la justicia de TPS.

En solidaridad y con cuidado colectivo,

Red de Solidaridad de Inmigrantes de Jackson Heights (JHISN)

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Queridos amigos,

A medida que el verano entra en pleno vigor, enviamos nuestro cálido agradecimiento a ustedes, nuestros queridos lectores, por mantenernos inspirados. Las noticias de migración son parte de la lucha política sobre lo que se reporta y lo que no se informa. Hace poco más de dos semanas, un barco repleto de inmigrantes de Pakistán, Siria y Egipto, se hundió frente a la costa de Grecia. Según los informes, hasta 750 personas estaban a bordo; sólo 104 sobrevivieron. Cientos de mujeres, niños y hombres se ahogaron en uno de los peores desastres marítimos de la historia moderna. La Cobertura de noticias del devastador naufragio de migrantes fue breve y escaso.

Lectores como usted y la atención que prestan a las noticias de inmigración nos mantienen motivados. Esta semana les ofrecemos una historia sobre la situación política en Perú, que le han dado poca importancia, fue escrita por una neoyorquina peruano-estadounidense. También le damos información actual sobre el trabajo de Make the Road New York y su innovadora encuesta a los solicitantes de asilo recién llegados a Nueva York.

Puntos destacados del boletín:

1. Informe sobre la situación política actual del Perú
2. Encuesta a los solicitantes de asilo del 2023 realizada por MTRNY

1. Solidaridad con Nuestros Hermanos y Hermanas Peruanos

“¿Cuántas muertes quieres para que renuncies? ¡Dina Asesina, el pueblo te repudia!”–Puno, canción aymara

Desde el 7 de diciembre del 2022, Perú vivió varios meses de cruda violencia desatada por las fuerzas represivas del Estado. Ese día, cerca del mediodía, el presidente Pedro Castillo llevó a cabo un fallido intento de golpe de estado. Dió este paso después de 15 meses de una gestión frustrada, ya que la mayoría en el Congreso (compuesto por partidos de derecha y ultraderecha) le impidió gobernar, al rechazar todos sus proyectos de ley y tratar de vacarlo.

Una hora después de que Castillo tratara de disolver el Congreso, la policía, la Fiscalía Nacional y un juez ordenaron su detención preliminar cuando aún era presidente en funciones. Dos horas después de leer su discurso, y sin seguir el debido proceso, el Congreso lo destituyó. A las 3:53 p. m., la vicepresidenta de Castillo y ex ministra Dina Boluarte juró como presidenta. Inmediatamente recibió el apoyo de la bancada opositora y los invitó a Palacio de Gobierno. Boluarte había prometido varias veces que renunciaría si destituían a Castillo. En cambio, al tomar el poder se alió con el partido que perdió las elecciones.

Los electores de Castillo reaccionaron con cólera al darse cuenta de que este golpe parlamentario de la derecha había sido planeado de antemano. Tildando a Boluarte de traidora y usurpadora, los manifestantes exigieron su renuncia y la disolución del Congreso. Las manifestaciones en las provincias del centro y sur del país fueron respondidas con una fuerte represión, que resultó en casi 70 muertos, 49 de los cuales fueron identificados como ejecuciones extrajudiciales por el New York Times, así como por organismos internacionales de DDHH. El 10 de diciembre, en Andahuaylas, provincia de Apurímac-Nación Chanca, dos personas resultaron muertas y unas 100 heridas. El régimen declaró estado de emergencia en los departamentos del sur; el día 14 la emergencia se extendió a todo el país.

El estado de emergencia no logró evitar masivas protestas en los departamentos del sur: Ayacucho, Cusco, Juliaca-Puno (Naciones Wari, Quechua, Aymara, respectivamente), Arequipa, Moquegua, Tacna (también cuentan con poblaciones aymaras). Algunas naciones nativas de la selva también se unieron a las manifestaciones. La ola de manifestantes originarios fue catalogada por el régimen como senderistas terroristas, delincuentes, narcotraficantes o mineros ilegales. La criminalización fue el pretexto utilizado por el régimen para permitir que la policía, respaldada por los militares, hiciera uso de armas letales disparando a la parte superior del cuerpo. Varios organismos internacionales de derechos humanos han condenado ampliamente estas violaciones de los derechos humanos.

Durante el mes de enero, pobladores del sur del Perú convergieron en la capital, en lo que se llamó la Toma de Lima. Esta vez los manifestantes exigieron una Asamblea Constituyente para reformar las leyes y el estado, para que las Naciones Indígenas puedan participar plenamente en las decisiones sobre sus tierras y recursos naturales. Al llegar a Lima, muchos manifestantes fueron arrestados bajo sospecha de ser terroristas o delincuentes. Después de que la mayoría fue liberada, en manifestaciones masivas marcharon desde los barrios marginales de Lima conocidos como los conos norte, sur y este. Durante estas largas marchas, que duraron más de cuatro horas bajo un intenso calor, los hermanos del sur y habitantes de los pueblos jóvenes, hicieron oír sus protestas en todo el país. Contando con la solidaridad nacional e internacional pudieron permanecer en Lima y llevar a cabo su poderosa protesta en la capital durante meses, que incluyó una Segunda Toma de Lima; una Tercera Toma está programada para el 19 de julio,que incluirá nuevos manifestantes de la región norte del Perú.

En la cordillera de los Andes existen abundantes recursos naturales como cobre, plata, oro, uranio y litio. Decenas de proyectos mineros se encuentran en diversas etapas de exploración, expansión y ejecución por parte de empresas mineras nacionales e internacionales. Muchas de estas minas están ubicadas en las cabeceras de las cuencas de los ríos, donde representan serias amenazas ambientales. Otros están ubicados en tierras pertenecientes a comunidades indígenas, cuyos reclamos y objeciones son sistemáticamente ignorados. En muchos casos, las comunidades indígenas no han sido consultadas ni informadas en absoluto. Al mismo tiempo, las empresas mineras han estado recibiendo importantes exoneraciones de impuestos del gobierno y, a menudo, el congreso les perdona las deudas tributarias pendientes.

Durante su mandato como presidente, Castillo visitó casi todas las provincias del sur en conflicto con las empresas mineras. Parecía reacio a autorizar la minería a cielo abierto en las cabeceras de cuencas sin consultar a la población. Esto alarmó a la industria minera y a la derecha congresal, especialmente porque muchos contratos mineros vencen entre 2023-25. Parece claro que la minería y otros grupos de poder económico, representados por la derecha política, querían destituir a Castillo de su cargo mediante un golpe blando o “lawfare” para proteger sus proyectos y ganancias. Contaron con el control de los medios de comunicación para influir en la opinión pública, también movilizaron a su mayoría en el Congreso para modificar la Constitución, logrando así alterar el equilibrio de poderes al elegir miembros para el Tribunal Constitucional que ellos controlan. Estaban decididos a deshacerse de Castillo, leyera o no leyera su proclama.

Al observar los hechos en nuestra patria, los peruanos de todo el mundo inmediatamente nos solidarizamos con los reclamos de nuestros compatriotas. Hemos estado protestando en las calles y entregando cartas a las embajadas y consulados peruanos, así como a las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos (OEA). También hemos enviado donaciones a los familiares de los fallecidos y heridos. Debido a que la prensa controlada por los grupos de poder en el Perú se ha mostrado parcializada, hemos pasado a hacer uso de una prensa alternativa basada en YouTubers, estaciones de radio locales y redes sociales, por lo que nuestra conexión con el país se dá ahora en el lugar de los hechos, y en tiempo real.

Fue a través de esta prensa alternativa que nos enteramos que el régimen peruano había firmado un contrato con la firma de relaciones públicas Patriot Strategies para mejorar su imagen a nivel internacional. En Nueva York nos enteramos de que una delegación de empresarios, y un grupo de artistas cusqueños, vendrían para representar el Inti Raymi (Festival del Sol) en el United Palace Theatre, ubicado en el alto Manhattan. Una manifestación se llevó a cabo afuera del teatro, y otra acción tuvo lugar adentro, en el momento en que hacía uso de la palabra el representante de un gobierno local. Aunque el número de manifestantes dentro del teatro fue reducido, la mayoría dentro del público peruano, rechazó las mentiras que dijo el alcalde de Cusco en nombre del gobierno, este descontento transmitido por un canal nacional peruano fue visto en todo el mundo. Ahora, los compatriotas en otros países, están en alerta para responder activamente a cualquier intento de querer lavar su imagen, por parte de este gobierno ilegítimo y asesino.

De todas formas, en mayo, Boluarte y el Congreso peruano, autorizaron el ingreso de más de 1.000 efectivos militares estadounidenses a Perú, a partir del 1ro. de junio. En el Perú ya existen 10 bases militares. Algunos legisladores peruanos de izquierda ven al ejército estadounidense como un peligro para la soberanía del país. El ex canciller Héctor Béjar cuestionó las verdaderas intenciones de la presencia militar estadounidense, diciendo que es “parte de una política disuasiva para intimidar al pueblo peruano que ha anunciado nuevas protestas para julio”. Para la mayoría de los peruanos es obvio que la entrada de más tropas es parte de la guerra híbrida por el litio, el uranio y el cobre.

Aunque ha habido poca cobertura de estos hechos en los medios de Nueva York, 20 miembros del Congreso, incluidos muchos miembros latinos progresistas, enviaron una carta firmada al presidente Biden en enero pidiéndole que ponga fin a la asistencia de seguridad interna al gobierno peruano y que condene las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y los militares. Cuatro de los representantes de Nueva York estaban entre los firmantes: Alexandria Ocasio-Cortez, Adriano Espaillat, Nydia Velázquez, y Delia Ramirez. Como acto de solidaridad internacional, Estados Unidos debería seguir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para poner fin a la brutal represión e investigar y juzgar a todos los responsables de las matanzas.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

• Llame a su representante en el Congreso pidiendo suspender la ayuda de seguridad a Perú.
• Ven en solidaridad con el Perú a la simbólica Toma del Consulado de Perú en NYC el 19 de julio.
• Sigue a @PexSemillasdeLibertad en Facebook sobre la organización de la Tercera Toma de Lima.

2. Manténgase al Día con Make the Road New York 

A finales de mayo, Make the Road New York (MTRNY) anunció la publicación de un “manual” en español de 60 páginas para los solicitantes de asilo que llegaron a Nueva York. El manual llamado Casita, está escrito en un estilo cálido e informal, y tiene como objetivo dar la bienvenida al proporcionar información y recursos esenciales, como son:

• Los derechos básicos de una persona que vive en Nueva York;
• Cómo acceder a los servicios y beneficios disponibles;
• Cuestiones legales, incluida la interacción con ICE;
• Información sobre COVID-19, inscripción en una escuela pública y mucho más.

MTRNY está pidiendo donaciones de $30 para apoyar la publicación y distribución de Casita.

Luego, en una conferencia de prensa el 6 de junio en Queens, MTRNY presentó públicamente los resultados de una encuesta sin precedentes a los inmigrantes recién llegados. Titulado “Desplazados y Rechazados: las Experiencias de los Migrantes y Solicitantes de Asilo en la Ciudad de Nueva York en el 2023”, el informe se basó en entrevistas con 766 migrantes entre febrero y mayo del 2023. Las entrevistas fueron realizadas por voluntarios de MTRNY y Hester Street quiénes se encontraron con los “autobuses de migrantes” enviados por el gobernador Abbott de Texas a la Autoridad Portuaria de Nueva York.

Esta encuesta es la primera en su género y los activistas esperan que ayude a los funcionarios del gobierno a asistir mejor a los nuevos inmigrantes. El 65% de los encuestados eran Venezolanos, pero también estuvieron representados otros países latinoamericanos y africanos. El 81% tenía menos de 40 años; el 43% tenía menos de 30 años; y el 84% de los que tenían menos de 30 años viajaba con sus hijos. Todos querían quedarse en Nueva York y estaban ansiosos por participar en la vida de la ciudad.

Otros hallazgos de la encuesta fueron que aunque casi todos quieren solicitar asilo, el 93% no ha encontrado un abogado. El 97% no tenía autorización de trabajo y por lo tanto no podía encontrar trabajo para ser autosuficiente. El 72% tuvo problemas para pagar los gastos básicos de subsistencia. El 63% no tenía acceso a clases de inglés ni para adultos ni para niños. El 59% no tenía acceso a transporte para ir a buscar empleo. El 97% vivía en refugios de la ciudad de Nueva York. El 42% sufría de ansiedad o depresión.

Los tres funcionarios de la ciudad en la conferencia de prensa: El Contralor Brad Lander, el Defensor del Pueblo Jumaane D. Williams, y el Concejal de la ciudad de NY Shekar Krishnan, señalaron las fallas del gobierno local. Lander dijo que a pesar del gasto de una gran cantidad de dinero y esfuerzo para asegurar refugio para los migrantes, el municipio ha sido miope asignando solo el 1% del presupuesto, para asegurar ayuda legal a las personas que solicitan asilo antes de la fecha límite de un año. Esto es crucial, porque la cuenta regresiva de 6 meses para la autorización de trabajo comienza sólo después de que se presenta la solicitud de asilo. Tanto el Defensor Público Williams como el Concejal Krishnan dijeron que la cólera  del público debe dirigirse al gobierno y no a los migrantes, porque la falta de servicios para los residentes de la ciudad existía antes de que llegaran ellos, y que hay una crisis de injusticia sistémica y no una crisis de asilados.

MTRNY tuvo recomendaciones de políticas para la ciudad como: asignar $140 millones para servicios legales, mejorar la transición del sistema de refugios a vivienda permanente, no recortar fondos para programas de GED y ESL para adultos, renovar y expandir el Apoyo para Trabajadores de Bajos Salarios (LWWS), así como acceso a la atención de salud. Recomendaciones de política para la administración Biden: agilizar la autorización de trabajo para migrantes y enviar más recursos federales a Nueva York.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

• Apoyar la impresión y distribución del manual Casita de Make the Road para migrantes, y la Encuesta de Migrantes Desplazados y Rechazados.

En solidaridad y con cuidado colectivo,

Red de Solidaridad de Inmigrantes de Jackson Heights (JHISN)

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Queridos amigos,

A medida que los habitantes de nuestra ciudad comienzan a respirar libremente una vez más después de que mejoró el aire y se disipó el humo de los incendios forestales, los problemas climáticos nos revelan una vez más el desafío que enfrentan los inmigrantes en la industria de servicios. Aunque se aconsejó a todos que se refugiaran en casa durante unos días, los deliveristas siguieron trabajando, aún cuando la calidad del aire de la ciudad era la peor del mundo ese miércoles. A pesar de los avisos de salud pública, repartidores en los cinco condados no podían perder un día de trabajo, durante el tiempo en que el aire fue tan nocivo para la salud, que rompió todos los récords de calidad de aire. Así como la administración del alcalde Adams está luchando para crear leyes que brinden un salario justo a los trabajadores de reparto, también está luchando para ayudar a los miles de nuevos inmigrantes, que fueron traídos a la ciudad en avión y ómnibus en busca de asilo; nuestro boletín de hoy destaca los problemas que enfrenta el gobierno local en el cumplimiento de nuestros requisitos de derecho a la vivienda.

Nuestra Ciudad Lucha para Ayudar a los Migrantes que Llegan

“Los solicitantes de asilo y los pobladores sin techo de la ciudad de Nueva York necesitan una vivienda permanente, ellos no deben vivir en las cárceles”.—Murad Awawdeh, Director Ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC)

Desde que llegaron los inmigrantes provenientes desde los estados del sur a Nueva York, como un circo político diseñado para desafiar el enfoque humanitario de las Ciudades Santuario hacia la migración, la ciudad de NY ha estado luchando para encontrar la mejor manera de albergar, y apoyar a los nuevos solicitantes de asilo. Nadie dudaba que habría costos y dificultades. Y nadie niega que apoyar a quienes huyen de sus países es un trabajo desafiante. Tanto el gobierno de la ciudad como las organizaciones que apoyan a los inmigrantes, se han esforzado al máximo para ayudar a las personas que han viajado durante meses, para solicitar asilo en los Estados Unidos.

Mostrando el alcance del desafío, New Immigrant Community Empowerment (NICE) con sede en Queens, ha estado ayudando a unos 1,000 recién llegados cada mes. La directora ejecutiva, Nilbia Coyote, señaló que NICE se ha quedado corto de espacio y no tiene suficiente personal para brindar ayuda. Artists Athlets Activists, liderada por Power Malu, apoya a los migrantes que llegan a los aeropuertos de Nueva York. Malu señaló que la organización gasta $30,000 cada mes de donaciones privadas, para transportar a estos solicitantes de asilo a albergues y centros de admisión. Pero la ciudad no proporciona vans, autobuses o reembolso para ayudar. De la misma manera que los gobernadores Republicanos han culpado a los demócratas de animar a la gente a llegar a la frontera sur, el personal del alcalde Adams ha culpado a los grupos activistas de atraer a los inmigrantes con falsas promesas de apoyo.

Una gran fuerza positiva para los nuevos inmigrantes, es la ley de derecho a la vivienda de Nueva York. Establecido en 1981, en el caso de Callahan vs Carey, exige que la ciudad le proporcione vivienda a todos. El mes pasado el alcalde Adams pidió a un juez que reconsiderara esa ley, porque la magnitud del apoyo municipal que se requiere no es como se imaginó en ese entonces, en que se presentó la demanda. Uno de los abogados que trabajó en el caso hace más de 40 años, Robert Hayes, dijo que el esfuerzo por cambiar la política fue un acto cobarde y vergonzoso.

El NYIC publicó un número de artículos en mayo, mostrando un listado de problemas relacionados con la ley del derecho a la vivienda. Discutieron planes para usar hoteles en el norte del estado, así como las órdenes de restricción destinadas a evitar que Adams, transporte en autobús a los solicitantes de asilo al Condado de Orange. También hay propuestas para alojar personas en Medgar Evers y York Colleges, el YMCA en Park Slope’s Armory y un centro recreativo en Staten Island. Además, hay ideas para usar un aeródromo en la Bahía de Jamaica, un Almacén de Correos en JFK, El Centro Correccional de Lincoln justo al norte de Central Park, y aprovechar la Cárcel de la isla de Rikers como posibles lugares para albergar a los recién llegados.

El Alcalde Adams anunció la importancia de ser “franco y honesto en decir que la ciudad de Nueva York no puede brindar atención por sí sola a todos los que cruzan nuestra frontera”. Además de los diversos planes de vivienda que él y la gobernadora Kathy Hochul han estado considerando, existe un pedido para que el gobierno federal agilice permisos de trabajo, para que los 70,000 inmigrantes recién llegados puedan ocupar alrededor de 10.000 posiciones abiertas en el área agrícola y los servicios de alimentación.

Si bien Adams dice que está dispuesto a considerar todas las opciones, incluido el uso de prisiones, otros, como la concejal de Manhattan, Carlina Rivera, considera que es “alarmante hablar de usar las instalaciones de la cárcel para personas que no han cometido un delito”, y señaló que allí no habría flexibilidad para que las personas salgan de la isla, por motivos de trabajo o a sus citas médicas. Power Malu dice, que no vale la pena el esfuerzo de usar estas ubicaciones temporales, cuando encontrar apartamentos vacíos sería más efectivo. Los lugares a corto plazo que se han utilizado, como un gimnasio de la academia de policía en Manhattan, mantiene las luces encendidas toda la noche y ofrece duchas que no brindan privacidad. El Centro Correccional de Lincoln, que había estado cerrado desde el 2019, estuvo en uso durante unos días y cuando el desague se rompió, muchas personas fueron reubicadas en Buffalo.

En los últimos meses, la ciudad ha estado en conversación con los Servicios Interreligiosos de Desastres de Nueva York (NYDIS), sobre un contrato de apoyo de 2 años. Junto con Project Hospitality e Interfaith Center of New York, NYDIS hizo circular un formulario en las organizaciones religiosas de la ciudad para determinar si sus instalaciones son elegibles para servir como refugio. El activista católico Félix Cepeda cree que las iglesias están mejor equipadas para brindar refugio y que podría haber potencial para usar sus propiedades… por un pago. El costo es más económico que los costos de alojamiento estándar, pero los espacios solo funcionarán durante 12 horas al día, así que el NYDIS también está siendo contratado para brindar servicios diurnos. Se pagarán $35,000 por mes para albergar a 1,000 hombres solteros en 50 lugares de culto en la ciudad. Parte de la ayuda financiera provendrá de FEMA, ya que el Congreso ha indicado que asignará $105 millones a los esfuerzos de la ciudad de Nueva York para apoyar a los migrantes.

Este complejo proceso revela una gama variada de enfoques que tiene la gente para hacer frente a la situación, desde los que plantean emitir órdenes ejecutivas para impedir que los hoteles alojen a los solicitantes de asilo, hasta aquellos que creen que sus comunidades son más ricas gracias a los inmigrantes. Yvonne Griffin de Citizen Action New York cree, por ejemplo, que “Syracuse puede no ser una ciudad rica, pero sabemos cómo cuidarnos unos a otros, y sé que podemos hacer lo mismo por las personas que buscan asilo”.

“[D]eberíamos decir, ¿qué podemos hacer nosotros, como comunidad, para ayudar? ¿Cómo podemos juntar nuestros recursos para garantizar que aquellos que buscan refugio no tengan que seguir corriendo para salvar sus vidas? ¿Cómo podemos aprovechar lo que tenemos aquí para traer más recursos a la comunidad para ayudar a estas personas? Y, finalmente, ¿qué debemos hacer para tratar a estas personas con la dignidad que se merecen?–Sal Curran, Volunteer Lawyers Project of CNY, Inc.

¿Qué podemos hacer?

• Use su programa Travel Miles, o haga una donación, para apoyar a los migrantes con un vuelo gratuito a un lugar seguro a través de miles4migrants.org.
• Apoyar la impresión y distribución del manual de Make the Road para migrantes recién llegados, “Hogar,” y la “Encuesta de Migrantes Desplazados y Desconectados”.

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Queridos amigos,

A medida que los titulares de las corporaciones de noticias hablan sobre la pronta terminación del Título 42, trataremos de ofrecer algo de claridad sobre las políticas nacionales de inmigración del presidente Biden. Por  lo tanto, se hace cada vez más urgente tener en cuenta la abdicación y la criminalidad de las políticas de inmigración de esta administración Demócrata. Y como se acerca el Día de los Caídos (Memorial Day), informamos sobre un acto de conmemoración local dirigido por NICE (Empoderamiento Comunitario de Nuevos Inmigrantes), con sede en Jackson Heights, en honor a los trabajadores inmigrantes que han muerto mientras estaban trabajando.

Puntos destacados del boletín:

1. ¿Qué está pasando realmente? Actualización sobre política migratoria nacional
2. NICE conmemora el Día del Trabajador Caído (Workers Memorial Day)

1. Las nuevas políticas de inmigración de Biden violan la ley

“La gente no es el problema. Más bien, las causas que impulsan a las familias e individuos a cruzar las fronteras y las formas miopes y poco realistas en que los políticos responden a ellas son el problema”. –Amnistía Internacional 

Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desempeñó un importante rol en convencer a la Asamblea General de la ONU para que adoptara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como pieza central del derecho internacional. El artículo 14 establece: “Toda persona tiene derecho a buscar y disfrutar de asilo en otros países contra la persecución”. Estados Unidos también promovió las disposiciones humanitarias de la Convención de Ginebra sobre Refugiados, y el Congreso lo hizo parte del derecho interno en la Ley de Refugiados de 1980. Pero hoy, EEUU está incumpliendo sus promesas y las leyes nacionales  e internacionales que protegen a los solicitantes de asilo y refugiados.

Estados Unidos se declara a menudo como una nación de inmigrantes, pero al mismo tiempo es un semillero de xenofobia. Decidiendo qué inmigrantes, de dónde y cuántos son “aceptables” es una batalla constante, especialmente durante períodos de migración masiva como el de ahora. Pero una cosa en la que todos parecen estar de acuerdo es que el sistema de inmigración está “roto”. Aún así no hay unidad en el Congreso sobre cómo remediar este vergonzoso desastre.

En enero del 2021, el presidente Biden envió una propuesta de reforma migratoria al Congreso incorporando sus promesas de campaña para brindar estatus legal a millones de inmigrantes y reducir la crueldad en la frontera sur. Ese proyecto de ley no llegó a ninguna parte. Ahora Biden ha pasado a un nuevo conjunto de políticas, mediante órdenes ejecutivas. El está adoptando un enfoque que combina “premios y castigos”: ofrece nuevas formas aparentemente generosas de ingresar al país, junto con una aplicación estricta para disuadir la entrada.

Human Rights First ha documentado ocho formas separadas en que las nuevas políticas violan las leyes internacionales y estadounidenses. Las leyes violadas incluyen el artículo 14 y Sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Convención de Ginebra, la Convención de Refugiados de 1951 y la Sección 1158 del Título 8. Aunque existen desafíos legales actuales tanto de la izquierda como de la derecha, las nuevas políticas entraron en vigencia a la medianoche del 11 de mayo, minuto en que terminó el Título 42.

A continuación se encuentran las políticas específicas, sus impactos en la vida real  y cómo violan las leyes estadounidenses e internacionales establecidas:

La aplicación CBPOne requiere que un solicitante de asilo ubicado en el centro y norte de México haga una cita en un puerto de entrada de EEUU para presentar su solicitud. La aplicación está destinada a reducir el tiempo de espera y el hacinamiento en la frontera. Se supone que los solicitantes de asilo tienen un teléfono inteligente o acceso a Internet y pueden leer uno de los cinco idiomas. La aplicación a menudo es inaccesible, tiene un número limitado de citas disponibles y utiliza reconocimiento facial que a menudo no identifica rostros que no sean blancos. La aplicación plantea problemas de privacidad, discriminación y vigilancia porque los datos se recopilarán y almacenarán incluso antes de que una persona ingrese a los EEU. El uso obligatorio de la aplicación viola lo internacionalmente aceptado, el derecho a solicitar asilo—un principio incondicional también incorporado en la ley de los EEUU, como se señaló anteriormente. 

Solicitantes de asilo que ingresan sin permiso y que carezcan de una base legal para permanecer serán devueltos a su país de origen y tendrán una prohibición de reingreso de 5 años basada en el Título 8. Su única esperanza de evitar la deportación es una entrevista de “miedo creíble” mientras están bajo custodia de CBP, celebrada con acceso limitado a asistencia legal. La ley internacional de asilo requiere específicamente que las personas no sean devueltas a países donde serán objeto de persecución (refoulement), porque es un derecho básico de los solicitantes de asilo y los refugiados. “ACNUR [La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados] está especialmente preocupado porque… esta [política] daría lugar a casos de devolución, el retorno forzado de personas a situaciones en las que su vida y seguridad estarían en peligro, lo cual está prohibido por el derecho internacional”. –ACNUR

Parole o Permiso para venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos. Hasta 30,000 personas por mes pueden venir a los EEUU durante dos años y recibir autorización de trabajo; si es que tienen un patrocinador elegible, pasan la verificación de antecedentes penales y judiciales, y si es que pueden pagar un boleto de avión. Esta modalidad limita la entrada solo a los inmigrantes con conexiones en EEUU y los medios para obtener visas y boletos de avión. Los venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos que cruzan Panamá, México o la frontera sur de EEUU son inelegibles para un permiso y serán expulsados a México, que se ha comprometido a recibir hasta 30.000 personas por mes. Esta política es una flagrante violación del derecho internacional a solicitar asilo. También pone en peligro sus vidas ya que han habido más de 13.000 ataques contra migrantes y solicitantes de asilo en México.

“Las políticas estadounidenses que devuelven a los solicitantes de asilo a México han resultado en daños y peligros indescriptibles, al mismo tiempo que el sistema Mexicano de asilo, ha fallado sistemáticamente en proteger a las personas que huyen de la persecución”.–Meg McCarthy, Directora Ejecutivo del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes

Creación de nuevos centros de procesamiento.  En Colombia, Guatemala y quizás en otros países, los migrantes supuestamente podrán solicitar la entrada legal a los EEUU antes de emprender el difícil viaje. estos centros aún no están operativos y requieren el uso de la infame aplicación CBPOne. No está claro si las personas de Honduras y El Salvador tendrán acceso a un centro.

Los migrantes que pasen por otros países en ruta a EEUU y que no soliciten asilo primero no serán elegibles para solicitar asilo en la frontera de EEUU. Ésto viola el derecho internacional a buscar asilo, así como la Sección 1158 del Título 8 del Código de los Estados Unidos. Esta sección establece claramente que las personas pueden solicitar asilo sin importar cómo ingresaron a los EEUU.

1500 soldados estadounidenses en servicio activo han sido desplegados en la frontera para apoyar a los oficiales que Protegen la Frontera en sus funciones administrativas. Esta es una mayor militarización de la frontera. Su presencia sin duda asustará a la gente. Estos soldados tratan a los inmigrantes como una amenaza a la seguridad nacional.

Es notable que otros países, incluidos Colombia, Ecuador, Costa Rica y Belice, han otorgado estatus legal a un mayor número de migrantes, basando sus políticas en la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles. Canadá, México y España también han ampliado el reasentamiento de refugiados y las oportunidades de trabajo temporal. México y Guatemala tienen incrementado sus sistemas de asilo, en parte basados ​​en acuerdos de colaboración y financiación con EEUU.

Las nuevas reglas de la Administración Biden estarán vigentes durante dos años: del 11 de mayo de 2023 al 11 de mayo de 2025. ¿Qué sucederá después?

¿QUÉ PODEMOS HACER?

• Firma la Petición del Comité de Servicio de los Amigos Americanos para decirle  al presidente Biden que restablezca el derecho de asilo. 
• Lea “Más preguntas que respuestas” de la Red Nacional de Organización de Jornaleros que destaca todos los problemas sin respuesta.
• Considere donar a Bienvenido Connect Travel para apoyar los vuelos gratuitos a los migrantes.

2. Día de los trabajadores caídos organizado por NICE

“Trabajamos para vivir, no para morir”. –NICE Facebook (1 de mayo de 2023)

Sosteniendo una banderola negra impresa con los nombres de los muertos, miembros de NICE (Empoderamiento Comunitario de Nuevos Inmigrantes) se reunieron el 28 de abril para lamentarse y protestar públicamente. El Día del Trabajador Caído es un evento público anual para honrar a los trabajadores neoyorquinos que han muerto en el trabajo y pedir mayor seguridad y protección, especialmente en la industria de la construcción.

NICE, con sede en Jackson Heights, apoyó la lucha durante siete años para conseguir que se aprobara la Ley de Carlos, finalmente firmada por la gobernadora Hochul en diciembre del 2022. La legislación aumenta la responsabilidad penal de los empleadores cuyos trabajadores mueren, o resultan gravemente heridos en el lugar de trabajo. La ley lleva el nombre de Carlos Moncayo, un Inmigrante ecuatoriano de 22 años de edad residente de Queens que murió mientras trabajaba en construcción en el 2015.

La seguridad de los trabajadores y las muertes de los trabajadores son asuntos muy álgidos para los inmigrantes. El Informe del perfil de mortalidad del año 2023 producido por NYCOSH (Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de Nueva York), revela estadísticas de muertes en la industria de la construcción de NY: en la ciudad de Nueva York, 20 trabajadores murieron en sus puestos de trabajo, un aumento del 54% con respecto al año anterior. Y aunque se estima que el 10% de los trabajadores de la construcción en el estado de Nueva York son latinos, más del 25% de las muertes se produjeron entre trabajadores latinos. Los trabajadores inmigrantes están muriendo desproporcionadamente en los lugares de construcción—y que no están sindicalizados en particular; según NYCOSH, representaron el 86% de las muertes de trabajadores en el 2018. Incluso obtener un recuento exacto de las muertes y lesiones de los trabajadores ha sido una batalla política. No fue hasta que la senadora del estado de Queens, Jessica Ramos, patrocinó con éxito una legislación en el 2021 que exigía un registro de defunciones en todo el estado para los trabajadores de la construcción, que el Departamento de Trabajo comenzó tardíamente a recopilar estadísticas de muertes en una base pública de datos.

Recordar es mantenerse vivo. Apoyamos el importante y necesario  trabajo político que NICE, NYCOSH, el Colectivo por Justicia Laboral de Manhattan, y sus aliados están haciendo para mantener viva la lucha por un lugar de trabajo seguro y responsable, y para honrar la memoria viva de los trabajadores inmigrantes que han sido sacrificados mientras hacían su trabajo.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

• Donar a NICE si puede, y siga sus redes sociales NICE @NICE4Trabajadores.
• Respalde y divulgue el Teléfono o línea directa para que los trabajadores denuncien los delitos en el lugar de trabajo, como los problemas de salud y seguridad en contra de los trabajadores de bajos ingresos, organizado por The Manhattan Justice for Workers Collaborative.

En solidaridad y con cuidado colectivo,

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