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Boletin de JHISN 19/02/2022

Queridos amigos,

Nuestro boletín de esta semana ilustra la incoherencia y la confusión política generada por la actual política de inmigración de los Estados Unidos. Por un lado, los demócratas acaban de presentar un proyecto de ley, para remediar los 80 años de parodia que significó ubicar a los tribunales de inmigración, en una agencia federal sujeta a la interferencia política del poder ejecutivo. Por otro lado, la administración Biden continúa adoptando una de las políticas antiinmigrantes más viciosas de la época de Trump: la expulsión sistemática de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México bajo la inventada autoridad del Título 42.

Ambos problemas tienen efectos en la vida cotidiana de las comunidades de inmigrantes, incluso aquí en Queens. ¿Cómo pasar de la confusión a la comprensión y la acción? Esperamos que nuestras historias de esta semana puedan ayudar.

Puntos destacados del boletín:

  1. La nueva legislación apunta al sistema de los tribunales de inmigración
  2. Politizar los cruces de frontera en una pandemia 

1. Crear un tribunal de inmigración independiente 

“Mientras los tribunales de inmigración permanezcan bajo la autoridad del Fiscal General, la administración de justicia de inmigración seguirá siendo un juego de fútbol político, con la vida de las personas en juego” –Alison Peck, co-directora de la Clínica de Derecho de Inmigración

El 3 de febrero del 2022, el proyecto de Ley de Tribunales Reales, Estado de Derecho del 2022, fue presentado por tres demócratas de la Cámara de Representantes para cambiar el sistema judicial de inmigración de los Estados Unidos. El sindicato nacional de jueces de inmigración de EEUU, ha abogado durante mucho tiempo por un tribunal independiente. Si se aprueba, los jueces formarían un poder judicial independiente que no se doblegaría a los caprichos del poder ejecutivo; los tribunales de inmigración serían eliminados de la supervisión del Departamento de Justicia (DOJ). Este sería el primer cambio significativo en el sistema judicial de inmigración desde 1940, cuando Roosevelt lo sacó del Departamento de Trabajo. 

La forma en que albergamos los tribunales de inmigración dentro del Departamento de Justicia, es incompatible con las prácticas de justicia, equidad y debido proceso. Hoy hablamos de jueces de inmigración, pero los Inspectores de Inmigración del Departamento del Tesoro (también conocidos como Oficiales de Investigación del Dpto de Trabajo y del Dpto. de Justicia) no estaban autorizados a usar el título de “juez”, ni a usar vestimentas de jueces hasta 1973. Estos tribunales pueden ordenar la detención indefinida de inmigrantes, sin cumplir con todos los requisitos y pruebas de que la detención es necesaria, una demanda legal fundamental requerida por el gobierno, en todos los demás procedimientos judiciales. Esto ha contribuido a una red de detención masiva en los EEUU, y ha incrementado los poderes extraordinarios de ICE para confinar inmigrantes. Frente a la aceptación bipartidista de la detención prolongada de inmigrantes, sin la oportunidad de una revisión por parte de un juez de inmigración, las campañas como las acciones Dignity Not Detention se vuelven de vital importancia. 

El proyecto de ley propuesto recientemente, fue criticado de inmediato por los opositores republicanos, como un cambio costoso que no reducirá significativamente, la acumulación sin precedentes de 1,6 millones de casos de inmigración. La autora del proyecto de ley, la congresista demócrata por California, Zoe Lofgren, junto con 148 organizaciones que lo apoyan, no afirma que reducirá directamente ese atraso. Lo ven como una forma de eliminar las influencias presidenciales y políticas que se suman a la acumulación, independientemente del partido que ocupe la presidencia. Bajo Obama, el atraso surgió de la presión política para procesar las audiencias familiares; con Trump, se creó un sistema de cuotas para manejar las audiencias fronterizas, lo que contribuyó a que un número récord de jueces de inmigración se fueran en el 2019. 

En el libro The Accidental History of the US Immigration Courts, de Alison Peck, aprendemos que “Los tribunales de inmigración no son realmente ‘tribunales‘ sino una oficina del Departamento de Justicia, la agencia de aplicación de la ley de la nación”. La investigación de Peck revela que la razón, por la cual los tribunales informan al Fiscal General, en el Departamento de Justicia, no se basa en la racionalidad, o las mejores prácticas, sino en un historial de paranoia y miedo. 

La Secretaria de Trabajo durante la era del New Deal era responsable de decidir el estatus migratorio, una responsabilidad que contrastaba con su papel de tratar de manera justa e imparcial a los líderes sindicales, muchos de los cuales eran inmigrantes potencialmente sujetos a deportación. El Departmento de Justicia fue rechazado en 1939, como una agencia federal alternativa para asumir esta autoridad: los abogados expresaron su preocupación de que la gestión de la inmigración, en el Dpto. de Justicia  tendría una carga política, y los asesores advirtieron que a la inmigración se la asociaría con el crimen y la aplicación de la ley. Pero, en mayo de 1940, el presidente Roosevelt comenzó a temer un supuesto complot nazi de la Quinta Columna para apoderarse del gobierno de EEUU desde adentro. Esta paranoia resultó en un plan para “permitir un control más efectivo sobre los extranjeros”, trasladando la responsabilidad de la migración al Departamento de Justicia. No hubo la tal Quinta Columna, solo propaganda de miedo, que ha generado casi un siglo de procedimientos judiciales de inmigración, sin los principios constitucionales del debido proceso y la separación de poderes. 

Después del 11 de septiembre, nuevamente el temor afianzó aún más los tribunales de inmigración dentro del Dpto. de Justicia y, en el 2002, creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los agentes, abogados, analistas de inteligencia y oficiales de detención y expulsión del Dpto. de Justicia se fusionaron con el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (USCS) en una nueva agencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El enfoque de ICE es la aplicación de la Ley y la seguridad, no la inmigración administrativa; Los abogados del DHS de ICE, durante los procedimientos de deportación en la corte de inmigración, presentan evidencias enfocadas en garantizar la deportación. Al mismo tiempo, los jueces de inmigración trabajan para una agencia fiscal (del Dpto. de Justicia) y aprovechan fallos como las órdenes de expulsión In Absentia, que buscan negar la entrada a los inmigrantes. 

El proyecto de Ley de Tribunales Reales es la primera oportunidad en 80 años, para separar los tribunales de inmigración de los encargados de hacer cumplir la ley, mediante la creación de un sistema similar a los tribunales de impuestos. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, informó que el proyecto de ley fue redactado para atraer a los miembros de ambos partidos políticos, con la promesa de que la balanza no se inclinará hacia ningún extremo del espectro político. Pero es posible que el proyecto de ley, no despolitice los tribunales de inmigración por completo, porque propone un proceso de nominación presidencial y confirmación del Senado para los jueces, similar al de la Corte Suprema, y ​​dichos procesos de nominación y confirmación pueden estar muy politizados

¿QUÉ PODEMOS HACER?
2. Fronteras de Covid 

Esta semana en la frontera norte de los EEUU, las autoridades despejaron de manera lenta y cortes los bloqueos de camioneros canadienses, que interrumpieron el comercio internacional y sitiaron varios vecindarios. Los bloqueos fueron provocados por el mandato del gobierno canadiense que exige la vacunación de Covid-19 para los camioneros transfronterizos (el 90% ya estaban vacunados). Manifestantes bien financiados, prácticamente todos ciudadanos canadienses blancos, aprovecharon los cuellos de botella fronterizos para promover una versión peculiarmente derechista de la “libertad”: libertad para socavar la salud pública durante una pandemia, libertad para infectar a otros.

Por el contrario, en la otra frontera de EEUU, unas 1500 millas al sur, cientos de miles de inmigrantes de color de clase trabajadora empobrecidos, que buscan asilo debido a la violencia, la crisis económica y el cambio climático, están siendo brutalmente abusados ​​y expulsados ​​de EEUU, en clara violacion al derecho internacional por una administración que les había prometido dignidad, y respeto. ¿La excusa de la administración? COVID-19.

En marzo del 2020, cuando Donald Trump usó como arma el Título 42 de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944 para expulsar a los solicitantes de asilo por “riesgo de covid”, fue denunciado en muchos sectores. El Título 42 permite que el gobierno evite que las personas ingresen a los EEUU durante ciertas emergencias de salud. Pero no le da rienda suelta al gobierno:

“La ley estadounidense dice que cualquier persona en los Estados Unidos o en la frontera con los Estados Unidos tiene derecho a solicitar asilo… No hay nada en la ley que permita al gobierno expulsar [migrantes] sin ningún debido proceso”. Olga Byrne, Comité Internacional de Rescate

Varios jueces federales dictaminaron que las expulsiones generales del Título 42 eran ilegales. Sin embargo, Trump siguió adelante, realizando cientos de miles de expulsiones sin audiencia. La administración Biden está siguiendo sus pasos. Anunció el verano pasado que continuaría utilizando el Título 42, sujeto a revisión cada 60 días. Esta se renovó por última vez el 2 de febrero.

El covid-19 es un pretexto falso, para la expulsión masiva de personas de color de la clase trabajadora, por parte de Biden, tal como lo fue para Trump. El “riesgo de covid” no ha provocado que EEUU prohíba a millones de visitantes y empleados cruzar rutinariamente la frontera mexicana todos los meses. La administración tampoco se ha molestado en evaluar, tratar o vacunar a los solicitantes de asilo, simplemente los rechaza a todos sin control. El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, defiende enérgicamente esta práctica, insistiendo en que la agencia utilizará el Título 42 en toda su extensión para expulsar a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera. 

En septiembre, impactantes imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo, amenazando con azotar y pisotear a los inmigrantes haitianos, aumentaron la conciencia pública sobre la realidad a sangre fría de la expulsión del Título 42. A diferencia de los solicitantes de asilo de otros países, los haitianos que llegan a la frontera, generalmente no son devueltos a México para esperar una audiencia de asilo, una práctica que en sí misma es una violacion radical, de los derechos humanos de los migrantes. En cambio, la mayoría han sido encarcelados sin ninguna audiencia, en centros de detención infestados de covid en los EEUU, y luego obligados a subir a aviones de regreso a Haití, a las mismas condiciones intolerables que los hicieron huir en primer lugar. Como resultado, muchos Haitianos solicitantes de asilo, han decidido no acercarse a la frontera de Estados Unidos, y permanecen atrapados en México.

Los defensores de la justicia para inmigrantes y progresistas demócratas condenaron la política de Biden de usar el Título 42. “Hablamos en contra del trato cruel, inhumano y racista de nuestros hermanos y hermanas haitianos en la frontera sur”, dijo la representante Ayanna Pressley. Dos altos funcionarios designados por Biden renunciaron disgustados. Naciones Unidas ha denunciado reiteradamente, las violaciones del derecho internacional por parte de EEUU. Solo el pasado lunes, más de 30 congresistas exigieron que la CDC explicara cómo podría justificarse el apoyo a tal política. Y, sin embargo, más de 17,000 haitianos han sido expulsados ​​por esta administración según el Título 42, y en total más de un millón de migrantes

“Nunca hubiera predicho que esta Casa Blanca, dentro del Año Uno, estaría expulsando a los haitianos a un país en ruinas. En diciembre del 2020 estábamos hablando acerca de una visión transformadora. Y en el 2022, expulsar a los haitianos sin un debido proceso de asilo. Guau.”  —Frank Sharry, America’s Voice

¿QUÉ PODEMOS HACER?

En solidaridad y con cuidado colectivo,

Jackson Heights Immigrant Solidarity Network (JHISN)

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Boletin de JHISN 05/02/2022

Estimados amigos:

Damos la bienvenida a nuestros lectores al Año del Tigre, inaugurado por más de mil millones de personas que celebraron el Año Nuevo Lunar la semana pasada, incluidos cientos de miles de residentes asiáticos y asiático-estadounidenses aquí en Queens. JHISN destaca el nuevo año, con una mirada retrospectiva al extraordinario trabajo hecho en el 2021, por grupos locales defensores de los derechos de los inmigrantes.

Muchos de nosotros hemos visto los recientes titulares sobre el fatal deslizamiento de tierra en Quito, ciudad capital de Ecuador, luego de casi 24 horas de lluvia continua. No todos sabemos que los ecuatorianos componen una comunidad muy grande de inmigrantes aquí en el centro de Queens. Contaremos sobre la historia y el reciente aumento de la migración de Ecuador, que también es una historia sobre Jackson Heights hoy.  

Puntos destacados del boletín:

  1. Rutas de migrantes de Ecuador a Jackson Heights
  2. Grupos locales defensores de derechos de los inmigrantes @2021

1. Inmigrantes ecuatorianos en el corazón de JH

“Si tienes sueños, puedes cumplirlos, siempre y cuando te sientas orgulloso de quién eres y a dónde vas. El resto solo depende de tu trabajo”.  —José Juan Paredes, músico

Los ecuatorianos conforman el grupo de inmigrantes más grande de nuestra comunidad: más de 100,000 en Queens y más de 20,000 solo en el área de Jackson Heights. En los últimos años, el coronavirus y otros factores han provocado una nueva oleada migratoria que está trayendo más ecuatorianos a nuestro barrio.

Ecuador es muy diverso geográfica, social y políticamente. Se reconocen oficialmente el español, el quechua, el shuar y otras lenguas indígenas. Las provincias andinas del norte formaron parte del Imperio Inca y tienen mucho en común con Perú y Colombia, mientras que en la región costera del Pacífico existe una fuerte cultura afroecuatoriana. La región oriental de la selva tropical es el hogar de varios pueblos nativos. Y Ecuador es en sí mismo, el hogar de la población de refugiados más grande de América Latina, en su mayoría colombianos que huyen del conflicto en su propio país. 

Las razones por las que los ecuatorianos emigraron a los EEUU, también son diversas, pero a menudo involucran crisis económicas. La primera ola de inmigrantes siguió al colapso en el mercado de los sombreros Panameños (hechos por mujeres ecuatorianas) en 1947. Una segunda ola de migración a principios de la década de 1980, fue causada por una crisis petrolera y un colapso económico, que llevó a la bancarrota a muchos agricultores pobres. A fines de la década de 1990, la tasa de pobreza nacional subió al 56% debido a los bajos precios del petróleo, las inundaciones y la inestabilidad política. Hasta un millón de ecuatorianos emigraron en esos años, de una población total de aproximadamente 18 millones. 

Ahora, Covid ha desencadenado otra ola de migración. La pandemia devastó la economía de Ecuador, que ya estaba en apuros, y provocó la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo. El número de ecuatorianos que llegaron a los EEUU, alcanzó su punto máximo el verano pasado: en julio, las autoridades estadounidenses detuvieron a 17,314 ecuatorianos en la frontera sur, en comparación con las 3,598 detenciones de enero. 

Otros factores han contribuido a la reciente migración ecuatoriana. A partir del 2018, México permitió el ingreso de ecuatorianos sin visa. Esto ofreció a los ecuatorianos un acceso más fácil a la frontera con Estados Unidos. (México canceló esta política en agosto del 2021, lo que hizo que la migración se hiciera más ardua y peligrosa). Además, los ciudadanos ecuatorianos, a diferencia de los migrantes de América Central, no fueron objeto de exclusión automática bajo las draconianas regulaciones de “salud pública” del Título 42. Finalmente, muchos ecuatorianos esperaban que Joe Biden fuera más amigable con los inmigrantes.

Los ecuatorianos juegan un papel importante en la economía y la cultura de Nueva York. Representando a todas las clases sociales, trabajan como profesionales y dueños de negocios, hasta jornaleros limpiando casas. Como sabemos, hay muchos restaurantes cuyos propietarios son ecuatorianos. Pero también, los trabajadores ecuatorianos indocumentados son un pilar de toda la industria de restaurantes. Muchos inmigrantes ecuatorianos también trabajan en la construcción, a menudo realizando los trabajos más peligrosos y más difíciles .

La Alianza Ecuatoriana Internacional (International Ecuadorian Alliance), ubicada en Corona Plaza, es un centro comunitario respetado para inmigrantes ecuatorianos. Fundada por Walter Sinche en 1994 para combatir la violencia y el racismo contra los inmigrantes latinoamericanos, se ha convertido en una organización multifacética sin fines de lucro que aboga por la justicia de los inmigrantes al mismo tiempo que brinda educación y suministros de salud pública, capacitación laboral y actividades culturales que incluyen música y danza. El Centro Cultural Ecuatoriano Americano, ubicado en Long Island City, es otra institución importante para los inmigrantes. EACC ofrece una amplia programación cultural, así como tutorías.

Como muchas comunidades de inmigrantes, los ecuatorianos estadounidenses están subrepresentados en la política electoral. Cuando Francisco Moya se convirtió en asambleísta estatal por el Distrito 39 en 2017, fue el primer ecuatoriano estadounidense elegido para un cargo público en los EEUU (Moya representa actualmente el Distrito 21 del Concejo Municipal de Nueva York). Será interesante ver cómo los votos de los ecuatorianos estadounidenses influiran en la política local cuando la  votación de los no ciudadanos entre en vigencia en el 2023.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

2. Un año de luchas y victorias // 2021

En 2021 nos unimos ante las crisis que se agravaba cada vez más para cuidarnos unos a otros y ganar lo que necesitábamos para sobrevivir. Encontramos formas de conectarnos como pudimos, digitalmente a través del zoom, por teléfono y, a veces, en persona… Construimos soluciones a pesar de que todos decían que era imposible. Creamos el mundo que necesitábamos, poco a poco.”- DRUM ‘¡Únete y Organizate!’ video

No podemos realmente contar todo lo que los grupos locales, defensores de los derechos de los inmigrantes han enfrentado, y logrado durante este último año de crisis política y de pandemia. Pero les ofrecemos aquí, un recuento selectivo para dar una idea del compromiso inspirador en la defensa y la organización comunitaria, así como de su acción directa. 

DRUM (Desis Rising Up & Moving) es una organización dirigida por sus miembros, con sede en Jackson Heights, que ha estado organizando comunidades de la clase trabajadora del sur de Asia e Indo-Caribe, desde el año 2000. En medio de su compromiso por la justicia de género y el trabajo anual en su Instituto de Organización Juvenil, en el 2021, DRUM también construyó nuevas formas organizativas y de solidaridad. Los miembros participaron solidariamente en una huelga de hambre con los taxistas que obtuvieron al final un histórico alivio de su deuda de parte del municipio. DRUM también se organizó para unificar a los deliveristas latinos y del sur de Asia, construyendo solidaridad frente a una industria peligrosa y explotadora. Finalmente, lanzaron una nueva organización hermana, DRUM Beats, para participar en la política electoral y construir creativamente un ‘super poder local’.

Adhikaar, es un grupo de justicia para inmigrantes liderado por mujeres en Elmhurst, que sirve a la comunidad de habla nepalí desde el 2005. En julio del 2021, Adhikaar celebró una victoria histórica: el proyecto de ley que amplía enormemente las protecciones legales, y económicas para los trabajadores domésticos, fue aprobada por el Consejo de la Ciudad de Nueva York. Adhikaar y los socios de la coalición también introdujeron la Campaña NYC Care, cuyo objetivo es obtener seguro y beneficios para más de 200 000 trabajadores domésticos y de cuidados, principalmente mujeres inmigrantes de color. Adhikaar también ayudó a liderar la lucha, en el 2021, por una Ley de Derechos de los Trabajadores Domésticos de Nueva Jersey para garantizar los derechos legales de los 50,000 trabajadores domésticos de ese estado.

Adhikaar fue invitada a la Casa Blanca en el verano del 2021, para participar en una mesa redonda sobre los derechos de los inmigrantes, con la vicepresidenta Kamala Harris. Y aquí, cerca de casa, continuaron brindando ayuda a los vecindarios durante la actual crisis del Covid, distribuyendo fondos de ayuda de emergencia a miembros de la comunidad excluidos de la ayuda federal, y trabajando con NY Immigration Coalition para distribuir cupones de alimentos a más de 900 hogares.

El Street Vendor Project, que representa a unos 2,000 vendedores ambulantes de la ciudad de Nueva York, continuó en el 2021, impulsando una legislación municipal que despenalice la venta ambulante, y brinde protección a una fuerza laboral inmigrante, que literalmente, alimenta a Nueva York. En mayo, el Proyecto de Vendedores Ambulantes organizó una acción directa muy publicitada en Hudson Yards, donde los vendedores habían sido desplazados por la policía de Nueva York a pedido de los promotores inmobiliarios.

En septiembre del 2021, cuando el huracán Ida avanzó hacia el norte y las lluvias torrenciales azotaron nuestra ciudad, Queens Neighborhoods United (QNU) dio un paso adelante para brindar ayuda mutua, y apoyo financiero a los hogares de inmigrantes en el centro de Queens, devastados por la inundación de los sótanos.  

Make the Road New York (MRNY), organiza y empodera a las comunidades de inmigrantes latinos. Fundado en el 2007, MRNY tiene más de 23,000 miembros y una oficina local aquí mismo en Roosevelt Avenue. En el 2021, MRNY brindó información y educación acerca del Covid a 40,000 personas; sirvió a 1,100 semanalmente con las despensas de alimentos de MRNY; y vacunó a 1000 en eventos comunitarios. Como líderes en la lucha de la coalición para financiar a los trabajadores excluidos, MRNY celebró la gran victoria cuando se obtuvo el primer fondo estatal de la nación que entregó $2.1 mil millones a trabajadores inmigrantes excluidos del desempleo de emergencia federal y el alivio de estímulo pandémico.

MRNY también ayudó a ganar $500 millones para crear un currículum escolar que refleje la diversidad cultural de los estudiantes de la ciudad de Nueva York y $4.2 mil millones en fondos para distritos escolares con grandes necesidades. Después de una campaña de una década, Make the Road celebró la derogación en el 2021 de la ley Walking While Trans, que detenia y criminalizaba a las personas de color de la comunidad TGNCIQ de bajos ingresos. De cara al futuro, MRNY lanzó planes en el 2021, para abrir un nuevo centro comunitario de tres pisos, y 24,000 pies cuadrados en Queens en el 2022.

Chhaya CDC, es otra organización con sede en Jackson Heights, enfocada en vivienda y justicia económica para las comunidades del sur de Asia e Indo-Caribe. En el 2021, cuando azotó el huracán Ida, Chhaya estuvo lista para asumir un papel de liderazgo en la ayuda a los hogares de inmigrantes devastados por las inundaciones y los daños a la propiedad. Llamaron a más de 200 puertas para brindar recursos y distribuyeron más de $53,000 en fondos de ayuda de emergencia. Chhaya también organizó actividades comunitarias multilingüe (en bengalí, hindi, nepalí, tibetano e inglés) sobre el Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler para ayudar a los hogares amenazados con desalojo debido a la pandemia.

NICE (New Immigrant Community Empowerment), es una organización defensora de los derechos de los inmigrantes, y un centro de trabajadores jornaleros en Jackson Heights, que durante más de dos décadas, ha ofrecido solidaridad y capacitación laboral a los jornaleros, trabajadores domésticos e inmigrantes recién llegados. En el 2021, NICE amplió su rol como una organización comunitaria, ayudando a miles de hogares de inmigrantes a capear la pandemia al proporcionar víveres, comida caliente, información precisa de Covid y lugares de vacunación confiables. Al mismo tiempo, NICE organizó múltiples mítines, vigilias y viajes a Washington DC, para abogar por la reforma migratoria. Su campaña principal, “11 DÍAS PARA 11 MILLONES”, exigió que la administración Biden cumpliera su promesa de ciudadanía para 11 millones de inmigrantes. A mediados de noviembre, un día antes de la culminación de los 11 días de acción, hicieron una marcha de ’11 millas por los 11 millones’, que comenzó en Columbus Circle y terminó en Union Square, Manhattan.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
  • Si tiene la capacidad financiera, ¡considere apoyar el trabajo de cualquiera de las organizaciones anteriores! Simplemente haga clic en el nombre de la organización y vaya a DONAR en su página. 

En solidaridad y con cuidado colectivo,

Jackson Heights Immigrant Solidarity Network (JHISN)

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Boletin de JHISN 01/22/2022

Queridos amigos,

La rica diversidad de comunidades que llaman hogar a Jackson Heights es bien conocida. La mayoría de los que vivimos aquí valoramos y celebramos que ‘otro mundo es posible’ aquí mismo en JH. Pero la complejidad de las historias y los idiomas, y los problemas políticos que enfrenta la gente en todos los niveles, hace siempre difícil saber lo que está sucediendo, incluso cuando nuestras propias comunidades se ven directamente afectadas. El boletín de hoy analiza dos problemas que son urgentes e inmediatos para los hogares de inmigrantes en el centro de Queens: el fin de una moratoria de desalojo de parte del estado, establecida para proteger a los inquilinos que no pueden llegar a fin de mes durante la pandemia; y la amenaza re-emergente de las políticas federales sobre la ‘carga pública’ que negarían a la clase trabajadora inmigrante el acceso a  la asistencia pública en alimentación, vivienda y atención médica.   

Puntos destacados del boletín:

  1. Qué sigue después que se termine la moratoria de desalojo en el estado de Nueva York
  2. Nueva lucha contra las regulaciones discriminatorias de la ‘carga pública’

1. Finaliza la moratoria de desalojo: ¿y ahora qué?

Creo que este es un esfuerzo concertado de los ricos y poderosos… no solo para obligar a la gente a volver a trabajar por el bien de las ganancias, la salud será perjudicada, sino también para socavar algunas de las victorias, que los inquilinos de la clase trabajadora han logrado construyendo un poco el sentido de la democracia durante esta pandemia”.
Joel Feingold, Unión de Inquilinos de Crown Heights 

Cientos de miles de inquilinos en Nueva York, que deben meses de alquiler como resultado de la pandemia, ahora enfrentan la amenaza del desalojo, ya que la moratoria de los desalojos expiró el 15 de enero, en pleno invierno y durante un pico sin precedentes de infecciones por Covid. La mayoría de los inquilinos que enfrentan el desalojo viven en los vecindarios más afectados por la pandemia, que son las comunidades de la clase trabajadora de color en el este de Queens, el centro de Brooklyn y en el alto Manhattan. En nuestra propia comunidad, la mayoría de los inquilinos vulnerables y de bajos ingresos son hogares de inmigrantes. Entonces, el alivio de la renta y la protección contra el desalojo, como casi todas las preocupaciones políticas que atraviesan Jackson Heights, también es un problema de justicia para los inmigrantes.

En los días previos a la expiración de la moratoria de desalojo del estado de Nueva York, hubo movilizaciones de los activistas de la vivienda. El 8 de enero, grupos de defensa de los derechos de los inquilinos, marcharon por el Puente de Brooklyn al Tribunal de Vivienda de Manhattan, pidiendo una extensión de la moratoria hasta junio del 2022. El 11 de enero, los activistas bloquearon los escalones del Capitolio en Albany, exigiendo que Hochul declarara una prórroga. El 14 de enero, más de 100 personas marcharon por el centro de Manhattan, con carteles que llamaban a Hochul la “Gobernadora de los desalojos”; 13 personas fueron arrestadas en las afueras de su oficina en Manhattan. Pero Hochul dio la espalda a los inquilinos, y prefirió priorizar sus vínculos con los principales bienes raíces y los lobistas. 

Incluso antes de que llegara la pandemia, una epidemia de desalojos se había desatado en Nueva York, con casi 100 familias desalojadas todos los días en todo el estado. En Nueva York, donde un tercio de los inquilinos, gastan más de la mitad de sus ingresos en alquiler más servicios públicos, se presentaron más casos de desalojo en el 2019 que en cualquier otra ciudad importante de EEUU. Al finalizar la moratoria, se sabe que hay más de 215,000 juicios de vivienda activos en la ciudad de Nueva York, de ellos, más de 190,000 están relacionados con la falta de pago del alquiler, que pueden comenzar a avanzar esta semana. 

 La moratoria de desalojos a nivel nacional se terminó en agosto del 2021, cuando la Corte Suprema bloqueó el intento de la administración Biden para extenderlo. Sin embargo, los fondos federales continuaron apoyando un Programa de asistencia de alquiler de emergencia (ERAP) a nivel nacional, dirigido a los inquilinos que con las justas llegan a fin de mes durante la pandemia. Aquí en el estado de Nueva York, la financiación federal de ERAP totalizó $2.4 mil millones. Pero en noviembre del 2021, la gobernadora Hochul cerró el portal de solicitud para ERAP, que los activistas de la vivienda habían previsto que prevendría una oleada de desalojos al final de la moratoria federal, alegando que el fondo estaba casi agotado. Los informes de los noticieros sugieren que el estado en realidad ha gastado solo la mitad de los $2.4 mil millones, mientras que se reserva el resto de los fondos para ‘trámites’. 

Cuando Hochul cerró las solicitudes de ERAP, también eliminó la tabla de salvación para el cual ERAP fue diseñado: el de proporcionar al hogar que solicita ayuda de emergencia, una protección temporal contra el desalojo mientras su solicitud está pendiente. La Sociedad de Asistencia Legal demando  a mediados de diciembre del 2021 para que se reabrieran las solicitudes de ERAP; el 6 de enero, un juez falló a su favor y emitió una orden judicial que obligaba al NYS a reabrir el portal de solicitudes.

Los activistas están divididos sobre los próximos pasos a seguir. Algunos apoyan la llamada Ley de desalojo por “buena causa”, presentado en la legislatura del estado de Nueva York, que exigiría legalmente que los propietarios tengan una “buena causa” para desalojar a los inquilinos, al mismo tiempo que los protegería del aumento de la renta. Los partidarios argumentan que el proyecto de ley de Buena Causa ofrece una solución permanente para inquilinos vulnerables, en contraste con la moratoria de desalojo basada en una emergencia. Varias ciudades en el estado de Nueva York ya aprobaron versiones del proyecto de ley de Buena Causa, incluidas Albany y Hudson, con proyectos de ley pendientes en Kingston, Poughkeepsie y New Paltz. 

Otros activistas argumentan que la legislación de Buena Causa no va lo suficientemente lejos. Dado que una de las ‘buenas causas’ declaradas en el proyecto de ley para el desalojo es la falta de pago del alquiler, el proyecto de ley no protegerá a muchas de las 200,000 personas en NYS en riesgo de desalojo ahora que la moratoria ha terminado.

A nivel local aquí en el centro de Queens, debemos permanecer informados, vigilantes y listos para actuar. Los hogares y los medios de subsistencia de miles de hogares de inmigrantes, y otros inquilinos mayormente de clase trabajadora, en nuestro vecindario están en gran riesgo. 

¿QUÉ PODEMOS HACER?
  • Si se enfrenta a un desalojo, solicite el Programa de asistencia de alquiler de emergencia (ERAP) aquí. Inmediatamente estará protegido contra el desalojo una vez que le muestre al propietario que lo ha solicitado. El sitio web de ERAP dirá que no hay más fondos disponibles, pero aún así puede presentar la solicitud. El estado de Nueva York ha solicitado fondos adicionales del gobierno federal para el programa.   
  • Si necesita ayuda con una situación de desalojo, comuníquese con el concejal Shekar Krishnan al 929-293-0206 o Krishnan@council.nyc.gov
  • ¡Conoce tus derechos! Según la ley del derecho a un abogado, los servicios legales son gratuitos para cualquier inquilino que enfrente un desalojo en un tribunal de vivienda, independientemente de su estado migratorio. Llame al 718-557-1379 o al 212-962-4795 de lunes a viernes para conectarse con un abogado especializado en desalojos para asesoría. 
  • Comparta la información anterior con sus vecinos, compañeros de trabajo, comunidades religiosas y grupos de acción política. 

2. Batalla en curso sobre la carga pública

Las reglas de carga pública (regulaciones federales que descalifican a los inmigrantes para ingresar a los EEUU o para convertirse en ciudadanos, si es que utilizan los beneficios sociales) han sido una parte muy disputada de la ley de inmigración desde 1882. Los eventos recientes están trayendo el tema de la carga pública de vuelta a la vanguardia del activismo por la justicia de los inmigrantes.

Los lectores del boletín recordarán que hicimos una inmersión profunda en las reglas de carga pública en una serie de tres partes en el 2020, poco después de que Donald Trump diseñara una expansión radical y endureciera sus disposiciones. Investigamos las funciones racistas y xenófobas de las leyes de carga pública, desde sus orígenes hasta la actualidad. Examinamos de cerca qué inmigrantes estaban en un riesgo directo por las nuevas restricciones de Trump y observamos que muchos otros estaban asustados o desalentados de usar los programas sociales debido a sus cambios agresivos. Y mostramos que el mayor peligro de las nuevas regulaciones de Trump, era que les daban a los funcionarios de inmigración, amplia discreción para atacar a los inmigrantes que, según ellos, podrían usar beneficios públicos en el futuro. 

Cumpliendo una promesa de campaña, la administración Biden canceló los cambios de Trump del 2019. Pero persiste una confusión generalizada dentro de las comunidades de inmigrantes sobre quién tiene derecho legal a qué beneficios públicos. Muchos inmigrantes en Nueva York y en otros lugares no se dan cuenta de que son completamente elegibles para muchos servicios sociales y de salud, incluidas las pruebas, vacunas y atención de Covid-19; asistencia alimentaria; protección del inquilino; y ayuda legal gratuita.

Para eliminar la confusión, el Departamento de Estado (DOS) necesita aclarar y finalizar las nuevas reglas de carga pública. Entonces, en noviembre del 2021, DOS solicitó comentarios del público. El período de comentarios finaliza este mes. El principal problema en juego en este momento es si hay que volver a las reglas anteriores al 2019 o escribir otras nuevas.

Protecting Immigrant Families (PIF) y sus socios de la coalición han escrito a DOS solicitando que las reglas regresen a las

políticas anteriores a octubre del 2019. Argumentan que los cambios de Trump del 2019 han tenido un efecto paralizante persistente, ya que los hogares de inmigrantes siguen sin estar seguros hasta el día de hoy sobre su acceso legal a los beneficios sociales (incluso para los niños ciudadanos estadounidenses que siempre son elegibles). Señalan que las políticas anteriores al 2019 eran claras, justas y habían funcionado bien durante más de una década. Finalmente, PIF destaca cómo las reglas de carga pública anteriores a Trump, proporcionarían a los trabajadores esenciales durante la pandemia en curso “programas básicos de asistencia para la salud, la nutrición y la vivienda”, programas a los que recurren casi la mitad de todos los ciudadanos estadounidenses para llegar a fin de mes.

En marcado contraste, los fiscales generales de al menos 12 estados republicanos, encabezados por Arizona, presentaron una demanda para restablecer las regulaciones de Trump, apoyando la política de carga pública de línea dura que amenaza principalmente a los inmigrantes más pobres en los EEUU. Ominosamente, la Corte Suprema acordó escuchar este caso el 23 de febrero. 

La forma en que se decida este caso tendrá un profundo impacto en las comunidades de inmigrantes, incluso aquí en el centro de Queens, y en el acceso de los inmigrantes de clase trabajadora a un camino justo y equitativo para la ciudadanía.   

¿QUÉ PODEMOS HACER?

  • Visite el sitio web Protecting Immigrant Family (PIF), con respuestas integrales en varios idiomas sobre a quién se aplica la carga pública y qué beneficios están disponibles. 
  • ¡Conoce tus derechos! Estos son los cinco datos principales sobre la carga pública.

En solidaridad y con cuidado colectivo,

Jackson Heights Immigrant Solidarity Network (JHISN)

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Boletin de JHISN 08-01-2022

Queridos amigos, 

Uno más de los tantos Años Nuevos que se celebran, acaba de pasar en nuestro barrio. Este giro de la rueda del tiempo, también marca el regreso del Covid como una amenaza inmediata y desigual.“¿Cómo creamos solidaridad durante una pandemia mundial?‘, se preguntó JHISN en uno de nuestros primeros boletines de la era del Covid en marzo del 2020. Por eso, al comienzo de este problemático nuevo año, queremos honrar a todos nuestros lectores que, de alguna manera, han tratado de responder a esta pregunta con la manera de cómo viven, a lo que aman, con el tipo de mundo que anhelan crear.

Nuestro boletín de hoy, analiza el luto y la movilización de los trabajadores inmigrantes de la ciudad de Nueva York, cuyas vidas están literalmente en peligro, con su trabajo arriesgado y de bajos ingresos de reparto de comida. Después, informamos sobre las campañas más recientes dirigidas por inmigrantes para proteger a los trabajadores esenciales en el estado de Nueva York, aun cuando la visibilidad de su trabajo comienza a desvanecerse, y continúa su exclusión de la ayuda del gobierno.    

Puntos destacados del boletín:

  1. Los deliveristas de Nueva York están de duelo y se organizan
  2. Trabajadores esenciales: aún esenciales, siguen siendo excluidos

1. Deliveristas: arriesgando la muerte en nuestras calles

En una ciudad más justa, en una época tan feliz, los inmigrantes repartidores de alimentos deberían estar con ánimo de celebración. A pesar de todo, después de años de organización militante, Los Deliveristas Unidos (LDU) y sus aliados han obtenido una victoria sorprendente, con la aprobación de nuevas leyes—en vigencia a partir de este mes— que finalmente otorgan a los trabajadores el uso de los baños de los restaurantes, pagos mínimos por viaje de entrega, más explicaciones sobre sus tips y otros beneficios cruciales.

Pero la distribución en bicicletas es un trabajo muy peligroso, todavía los repartidores de NYC mueren y resultan heridos en colisiones y robos. La mitad de todos los trabajadores encuestados han tenido un accidente mientras trabajaban; más de la mitad han sido robados o agredidos físicamente. Las muertes recientes dentro de sus filas han golpeado duramente a los repartidores. Por esto, la satisfacción por los avances sólo puede mezclarse con el dolor y con la determinación colectiva de seguir organizándose por mejores condiciones.

Altar en honor a Adrián Coyotl De Los Santos, un inmigrante mexicano y vendedor ambulante asesinado mientras viajaba en su bicicleta eléctrica al trabajo. Foto–Joseph Sciorra

En una publicación de Facebook del 18 de diciembre, el grupo DRUM (Desis Rising Up and Moving), con sede en Jackson Heights, expresó su tristeza e ira por cómo Nueva York trata las muertes de los deliveristas: 

“El jueves, la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan dio a conocer la información sobre el arresto del hombre acusado de la muerte de Borkot Ullah, deliverista y miembro de DRUM que fue asesinado mientras realizaba entregas de alimentos en julio pasado.

“Borkot fue atropellado por el conductor que se pasó el semáforo mientras lo perseguía la policía. El conductor iba a alta velocidad y es responsable de la muerte de Borkot. Pero también es ilegal que la policía de Nueva York participe en persecuciones de automóviles dentro de la ciudad, para evitar exactamente estas situaciones. Todavía no hay noticias sobre los oficiales involucrados en la persecución, quienes también tienen la culpa de la trágica muerte de Borkot…

“¿Por qué hay una diferencia en el trato entre el conductor que iba a alta velocidad que mató a Borkot (y está siendo procesado), con el conductor que mató a Xin Long Lin por alta velocidad (que no está siendo procesado) y los policías que persiguieron a gran velocidad, que es el caso de Borkot (que tampoco están siendo investigados ni procesados)? ¿Es que la identidad de la víctima determina cómo el Fiscal de Distrito seguirá un caso?….

“¿Cómo es la justicia para los inmigrantes que se ven obligados a abandonar sus países de origen y trabajar muchas horas en condiciones inseguras para las corporaciones que los tratan como desechables? ¿Creemos que buscar justicia a través de un sistema definido por el castigo y la retribución es el camino a seguir?

“Estamos de luto. Luto por la pérdida de Borkot Ullah y la pérdida de Xin Long Lin, estamos sufriendo. Sin embargo, en nuestro dolor, sabemos que todo tiene que ser de una mejor manera.

“Al unirse para fomentar la seguridad y fortalecer el vínculo entre ellos, los repartidores están trabajando para asegurarse de que no mueran más trabajadores de esta manera. Están construyendo solidaridad entre afroamericanos, latinos, sudasiaticos, árabes, africanos, del medio oriente y otras personas de color, para construir un poder colectivo y cambiar sus condiciones para luchar por el futuro de todos los repartidores de comida”.

El 31 de diciembre, más de 2.000 miembros de Los Deliveristas Unidos marcharon por las calles de Manhattan, luchando una vez más por mejores condiciones laborales y salariales. Ahora están respaldados por la representación y el apoyo legal del sindicato de trabajadores de servicios SEIU Local 32BJ. Una de las principales demandas de los deliveristas durante la manifestación: más ciclovías protegidas.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

2. ¿Nueva York todavía se preocupa por los trabajadores esenciales?

En los primeros meses de la pandemia, el término “trabajadores esenciales” saltó a la conciencia popular. Los trabajadores esenciales, desproporcionadamente de clase trabajadora, inmigrantes y de color, eran personas que seguían presentándose a sus trabajos, mientras que muchos de nosotros trabajábamos de forma remota o permanecíamos encerrados en casa. Los trabajadores esenciales fueron personas que se enfermaron y murieron por covid en tasas más altas porque sus condiciones laborales los exponían a un mayor riesgo. Los trabajadores esenciales fueron personas, cuyo trabajo era necesario para mantener la sociedad en funcionamiento, durante una pandemia brutal, incluidos los trabajadores de atención médica, de tránsito, trabajo agrícola, producción de alimentos, distribución de alimentos, recogedores de basura y de los supermercados. Los trabajadores esenciales fueron héroes anónimos a quiénes, en medio de la amenaza de Covid, la sociedad les comenzó a cantar y a aplaudir.

¿Qué pasó con nuestro reconocimiento colectivo de la producción de comida, el cuidado personal, la producción y los servicios necesarios proporcionados por los trabajadores esenciales? Casi dos años después de la pandemia, la conciencia pública, (incluida una conciencia de clase renovada), de quiénes su trabajo es realmente esencial parece estar desvaneciéndose. Incluso cuando la última amenaza de una mutación virulenta de Covid vuelve a poner a los trabajadores esenciales y a sus hogares en mayor riesgo de exposición y de enfermarse.

Se estima que El 74% de los trabajadores indocumentados en los EEUU son trabajadores esenciales. La gran mayoría de ellos han sido excluidos de la ayuda por la pandemia del gobierno, incluidos los beneficios de desempleo y los pagos de estímulo. Un análisis reciente del Instituto de Política Tributaria y Económica destaca los efectos financieros discriminatorios de esta exclusión: una familia de cuatro integrantes con dos ciudadanos estadounidenses, como sostén de la familia y con un ingreso anual combinado de $24,000 recibiría $35,470 más en beneficios pandémicos del gobierno durante 8 semanas de desempleo que una familia similar con dos hijos estadounidenses y dos padres trabajadores indocumentados.  

En respuesta al castigo por esta brecha en recibir ayuda, los trabajadores esenciales y excluidos de Nueva York se organizaron. Dirigidos por la Coalición del Fondo deTrabajadores Excluidos (FEW, por sus siglas en inglés) y apoyados por Make the Road New York, los activistas inmigrantes ganaron un fondo histórico de $2.1 mil millones, para los trabajadores excluidos en el presupuesto estatal en la primavera pasada. Pero el fondo se agotó en solo dos meses. Miles de trabajadores elegibles en el norte del estado y en áreas rurales ni siquiera tuvieron la oportunidad de escuchar acerca del fondo y solicitarlo. Se estima que se le denegó a 40,000 solicitantes, simplemente porque se había agotado el fondo. Ahora los activistas inmigrantes piden a la gobernadora Hochul que dedique $3 mil millones en fondos estatales adicionales para abordar completamente la brecha de ayuda pandémica para trabajadores indocumentados. 

Una nueva movilización organizada por la Coalición FEW, #NoMasExcluidos, se lanzó también para crear una solución estatal permanente a las desigualdades sistémicas en el seguro de desempleo para trabajadores inmigrantes y otros que trabajan en industrias precarias de bajos salarios. #NoMasExcluidos exige un programa de seguro de desempleo separado y paralelo del estado de Nueva York, que sirva a los trabajadores domésticos, vendedores ambulantes, jornaleros y otros trabajadores históricamente excluidos de la compensación por desempleo.

En la víspera de Año Nuevo, la Coalición FEW tuiteó: “Miles fueron dejados sin ayuda esta temporada”, y pidió a los miembros que encendieran una vela en solidaridad con los trabajadores excluidos en todas partes. A medida que comienza el 2022, la moratoria de desalojo de Nueva York se está terminando, junto con el crédito fiscal por hijos de Biden que ayudó a millones de familias, incluidos los hogares de inmigrantes, a mantener a los niños alimentados y pagar las facturas. ¿Cómo podemos apoyar a los trabajadores esenciales, en su continua lucha por obtener justicia económica? ¿Qué lecciones esenciales de una pandemia implacable, nunca se deben olvidar? 

¿QUÉ PODEMOS HACER?
  • Comparta tweets de #FundExcludedWorkers pidiendo $3 mil millones en apoyo adicional.
  • Escuche y distribuya el podcast de la coordinadora de FEW, Bianca Guerrero, sobre la necesidad de un plan de desempleo permanente del Estado de Nueva York para trabajadores indocumentados y otros trabajadores marginados. 

En solidaridad y con cuidado colectivo,

Jackson Heights Immigrant Solidarity Network (JHISN)

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Boletin de JHISN 18/12/2021

Queridos amigos, 

Los días se acortan a medida que se acerca el solsticio de invierno. En esta época más oscura del año celebramos el poder de lo comunitario, y la promesa del calor colectivo en nuestro vecindario de inmigrantes, aquí en el corazón de Queens. También, celebramos la promesa política a cientos de miles de inmigrantes que ahora tienen el derecho de votar en las elecciones locales, ya que la ciudad de Nueva York se une a más de una docena de comunidades en EEUU, donde los no ciudadanos tienen derecho al voto.

 En este número, les ofrecemos una historia local de cómo la histórica lucha para financiar a los trabajadores excluidos en el estado de Nueva York se ha convertido en una exhibición en el museo de Queens. Además, informaremos sobre la campaña en todo New York para terminar con la detención de inmigrantes por parte de ICE, que se da en el contexto de criminalizar a los inmigrantes de color en los EEUU, durante el siglo XX.

Puntos destacados del boletín:

  1. ‘Neoyorkinos: Esenciales y Excluidos’ en el Museo de Arte de Queens PS1
  2. Cierre de los centros de detención de ICE 

1. El activismo de inmigrantes se encuentra con el espacio del museo: Arte y política @MoMA PS1

La sala esta soleada, es espaciosa y silenciosa. Las paredes blancas del museo están adornadas con pancartas de colores en español y fotografías de activistas inmigrantes tomadas la primavera pasada en Corona Plaza. En el medio de la sala hay un cómodo sofá y sillas alrededor de una mesa con libros en español e inglés sobre política e historia de la inmigración, también hay una pila prolijamente arreglada de historias de resistencia para niños.

La exposición en la “Sala Principal”, un espacio de participación comunitaria en el MoMA PS1 en Queens, invita a la reflexión: ¿Cuál sería el lugar del activismo comunitario en un museo que contribuye a la gentrificación y al desplazamiento comunitario? ¿Cómo podemos construir una memoria popular de las luchas de los inmigrantes utilizando instrumentos de arte y cultura visual? ¿Para quiénes se creó esta exposición y quiénes pueden quedar excluidos por el precio de la entrada y por su clase social?

Exposición de PS1 Neoyorkinos: Esenciales y Excluidos (disponible hasta el 10 de enero del 2022) reúne el trabajo de la artista Djali Brown-Cepeda y de los grupos inmigrantes locales como Make the Road NY, Street Vendor Project y NY Communities for Change. En el centro de la exhibición se encuentra la lucha histórica del Fondo para Trabajadores Excluidos y su huelga de hambre de 23 días en la primavera del 2021 que culminó con una victoria sin precedentes: un fondo de $ 2.1 mil millones en el estado de Nueva York  para los trabajadores inmigrantes excluidos de los programas federales de socorro y apoyo de emergencia por la pandemia.

En un rincón de la exposición, se ven y escuchan dos videos de José Armando Solís, filmados el día 5 y el día 17 de la huelga de hambre. Mientras los visitantes entran y salen del espacio de exhibición, la voz de la huelguista de hambre Ana Ramírez resuena una y otra vez: “No solo soy yo, sino miles de familias, familias que fueron a la panadería a hornear el pan para que los ricos puedan comer cómodamente durante esta pandemia. Yo he sido olvidada, soy una de los excluidos. Nosotras somos quiénes limpiamos las casas, somos trabajadores de la construcción, trabajadores de restaurantes, trabajadores de tiendas minoristas, trabajadores de lavanderías, somos todos nosotros quiénes hemos trabajado duro por esta nación … “

Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con el Fondo para Trabajadores Excluidos, la huelga de hambre o el poder cultural y la belleza de las luchas por justicia a los inmigrantes, los alentamos a que visiten la exhibición. Para no olvidar a los que fueron olvidados sistemáticamente. Para aquellos de ustedes que han participado en la lucha victoriosa por los trabajadores esenciales y excluidos, una lucha que todavía está en curso: honramos su poder y la posibilidad de que esta exposición pueda ayudar a fortalecer el apoyo comunitario y la solidaridad. Por las luchas que tenemos por delante!

2. ‘Dignidad, No detención’: despenalización de la inmigración 

“Esta reñida victoria refleja la resistencia y tenacidad de nuestras comunidades y reafirma que nuestra visión de un mundo sin detenidos está a nuestro alcance”. Tania Mattos, Libertad para inmigrantes (agosto del 2021)

El activismo sostenido por parte de los inmigrantes, sus familias y los activistas que apoyan a los inmigrantes ha logrado cerrar los centros de detención de ICE en el estado de Nueva Jersey. La cárcel del condado de Hudson procesó a su último prisionero inmigrante en octubre. Y los últimos 12 inmigrantes detenidos en la cárcel del condado de Bergen fueron trasladados el 12 de noviembre. El fin del uso de estas cárceles para la detención de inmigrantes fue el resultado de protestas militantes fuera de las prisiones, huelgas de hambre de los presos y una intensa campaña de publicidad y organización por parte de activistas, incluida la coalición Abolir ICE NY-NJ

Desafortunadamente, aunque algunos inmigrantes han sido liberados, la mayoría de los detenidos de Nueva Jersey han sido transferidos a cárceles del estado de Nueva York, como el Centro Correccional del Condado de Orange en Goshen y el Centro de Procesamiento de Servicios de Buffalo en Batavia. Esto los coloca a cientos de millas más lejos de amigos, familiares y abogados. 

Los activistas del estado de Nueva York esperan mantener el impulso anti-detención con la “Ley de Dignidad, No Detención” que ahora se abre paso en la legislatura estatal (actualmente está en comité en ambas cámaras). La ley requeriría la terminación de todos los contratos de ICE existentes para la detención de inmigrantes en cárceles públicas de Nueva York, incluidas las instalaciones de Goshen y Batavia. Grupos locales como Centro Corona, DRUM, Queer Detainee Empowerment Project, NICE y Street Vendors Project apoyan esta movilización estatal para que se de la Ley. Una legislación similar ya se ha convertido en ley en Maryland, California, Washington e Illinois. Los activistas de Nuevo México lanzaron su propio movimiento de Dignidad, No Detención en el 2019.

Pero como queda bien claro con los traslados de detenidos de ICE desde el condado de Bergen, aprobar leyes estado por estado no es una buena solución. De hecho, algunos inmigrantes se vieron trasladados incluso más lejos de donde fueron arrestados, a lugares completamente diferentes del país. También podrían terminar en brutales cárceles privadas con fines de lucro, que todavía se usan ampliamente para la detención por ICE, a pesar de las promesas de la administración Biden de eliminarlos.

A nivel nacional, decenas de miles de inmigrantes continúan detenidos por ICE. La mayoría de estas personas simplemente están esperando sus audiencias de inmigración, lo que podrían hacer sin ser encarcelados. El número de inmigrantes indocumentados encarcelados ha aumentado un 50% desde que Joe Biden asumió el cargo. Las condiciones en las instalaciones suelen ser brutales. Cuando los inmigrantes hablan sobre los abusos descontrolados, se enfrentan a represalias severas y vigilancia continua

La criminalización de los migrantes en los Estados Unidos comenzó en la década de 1920 con una ola de políticas reaccionarias antiinmigrantes que llevaron a una serie de cuotas, exclusiones y otras restricciones de la inmigración, principalmente dirigidas a inmigrantes de color. En 1929, la Ley de Extranjeros Indeseables, redactada por un declarado supremacista blanco y defensor de los linchamientos, personificó el endurecimiento de la policía de inmigración. Entrar ilegalmente a Estados Unidos, que había sido procesado como una denuncia civil, de repente se convirtió en un delito menor, punible con hasta un año de prisión y una multa. Regresar a los EEUU después de la deportación ahora se definía como un delito grave, lo que resultaba hasta en dos años de prisión y una multa de $ 1,000. La ley estaba destinada específicamente a controlar y regular la mano de obra mexicana. En los años posteriores a la aprobación de esta ley, los mexicanos constituían el 99% de los inmigrantes recientemente criminalizados que llenaban cárceles federales recién construidas en El Paso, Tucson y Los Ángeles. (Hoy en día, los inmigrantes latinos todavía representan el 92% de las personas procesadas por entrada y reingreso ilegal a los EEUU). 

La ley de 1929 fue finalmente actualizada por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Esta legislación redujo a la mitad las sentencias por cruzar la frontera, pero continuó criminalizando a los migrantes a través de sus notorias Secciones 1325 y 1326. Durante los períodos de demanda de mano de obra mexicana, disminuyeron las detenciones y los enjuiciamientos de inmigrantes. Pero a partir de 2005, cuando la “guerra contra el terror” se intensificó durante las administraciones de Bush y Obama, el gobierno federal una vez más comenzó a enjuiciar a decenas de miles de migrantes y encarcelarlos hasta que sus casos pudieran ser procesados. Donald Trump utilizó la Sección 1325 como base para sus infames “políticas de tolerancia cero” y separación familiar.

El medio más eficaz para detener la detención a gran escala de inmigrantes sería una ley nacional que anule la penalización del cruce de fronteras. (Por ejemplo, devolviendo el cruce ilegal de la frontera a su estado anterior como una denuncia civil).  Cientos de grupos de justicia para inmigrantes han estado exigiendo este tipo de legislación federal durante años, incluidos grupos locales como DRUM, Adhikaar y JHISN. Sin embargo, la despenalización del cruce de fronteras no está incluida en el actual proyecto de la ley Build Back Better. Una propuesta de despenalización presentada en el 2019, por los representantes Pramila Jayapal y Jesús Chuy García  se ha estancado en el Congreso, a pesar de que cuenta con el respaldo de muchos grupos defensores de los inmigrantes y tiene 44 copatrocinadores, todos demócratas.

Por eso, el fin de la detención de inmigrantes en Nueva Jersey debe verse sólo como un paso esperanzador en una larga lucha. Los activistas locales han centrado toda su atención en luchar contra los abusos de la detención de inmigrantes en el estado de Nueva York, incluidos los traslados punitivos, el maltrato de detenidos y las deportaciones. A cada paso, plantean la necesidad de la Ley de Dignidad, No Detención. 

El pasado domingo 12 de diciembre una pequeña manifestación tuvo lugar frente a la cárcel del condado de Bergen. Conmemoraban el primer aniversario de un violento enfrentamiento con la policía que llevó al arresto de diez activistas defensores de los inmigrantes. Los manifestantes portaban carteles que decían “Liberaciones, No Transferencias”, “Cierren los Campamentos” y “Abolir ICE”. Como dijo Shamz Azanedo, uno de los organizadores: “No nos sentíamos bien dejando que pase el día de hoy así nomás. Hoy fue un gran día el año pasado y necesitábamos estar aquí, todos juntos”.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

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Boletin de JHISN 04/12/2021

Queridos amigos, 

¡Bienvenidos a nuestros nuevos lectores que se han suscrito para recibir el boletín! Es posible que algunos de ustedes nos hayan visto recientemente repartiendo nuestro boletín informativo en la Avenida 37 y en el Mercado Orgánico; estamos muy emocionados de tener más de 525 suscriptores ahora. Por favor, comparte nuestro enlace de suscripción con amigos, compañeros de trabajo, activistas locales, vecinos y familiares: https://jhimmigrantsolidarity.org/news/ 

El artículo de fondo de esta semana echa un vistazo a las últimas noticias sobre la legislación nacional de inmigración. Las noticias no son buenas. Pero cuanta más conciencia política podamos construir en torno a lo que está sucediendo y más solidaridad podamos ofrecer en la lucha por la seguridad colectiva y un hogar permanente para los inmigrantes indocumentados, más nos acercaremos a esa promesa diferida de “… justicia para todos”.          

El Senado debe restablecer un camino hacia la ciudadanía en el proyecto de ley Build Back Better

Las personas que intentan enmarcar esto como una victoria para la comunidad necesitan trabajar más de cerca con los inmigrantes indocumentados… claramente hay una gran decepción y confusión, y un sentimiento de haber sido traicionados.”–Manuel Castr  Director Ejecutivo de NICE

Si bien el Concejo Municipal de Nueva York votará pronto, para convertir a esta ciudad en el municipio más grande de EEUU, que permitira a los no ciudadanos votar en las elecciones locales, el Congreso de EEUU no nos ofrece en la ley de inmigración, nada que no sea las ya desgastadas opciones que se han debatido durante décadas. A mediados de noviembre, en lugar de proporcionar un camino permanente hacia la ciudadanía como lo prometieron los demócratas, la Cámara de Representantes incluyó una propuesta llamada “parole osea permiso temporal a los inmigrantes para permanecer en EEUU” en el proyecto de ley Build Back Better. Este permiso temporal facilitaria a una población limitada de inmigrantes, estatus legal y permisos de trabajo por cinco años, con la posibilidad de una extensión de cinco años más. El Senado todavía tiene la opción de incluir una opción más deseable, cambiando la Fecha actual de elegibilidad para la residencia (llamada Registro) de 1972 al 2010. Esto crearía un camino hacia la ciudadanía porque después de cinco años, un residente permanente puede solicitar convertirse en ciudadano Americano. 

Durante los últimos meses, los grupos de Nueva York se movilizaron enérgicamente para recordar a los legisladores demócratas su promesa de crear un camino hacia la ciudadanía para 11 millones de personas. Hubo 11 días de acción por parte de NICE, y el Movimiento por la Justicia en El Barrio protestó frente a la oficina del senador Gillibrand, además se publicaron propagandas en los periódicos y se llevaron a cabo manifestaciones enfrente de la oficina en Manhattan del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y enfrente de su casa. Hubo una última protesta de cuatro noches #NoDormirHastaLaCiudadania junto con Adhikaar enfrente de la casa de Schumer, en Brooklyn, que mantuvo en alto la presión, exigiendo que se incluyera un camino hacia la ciudadanía después de que el proyecto pasó los requerimientos del presupuesto (proceso de reconciliación) de la Ley Build Back Better (BBB). 

La Cámara de Representantes no entregó ese camino a la ciudadanía el 19 de noviembre. No porque se crea que un compromiso político real como el parole (permiso oficial para permanecer en EEUU) sea en realidad la mejor solución; sino, como lo dijo el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, “es nuestra mejor opción para superar a la experta en reglas del presupuesto”, que había rechazado propuestas de inmigración más amplias, argumentando que estas no cumplían con las reglas presupuestarias. En respuesta, la Coalición de Inmigración de Nueva York, Make the Road New York, NICE y otros grupos encabezaron una marcha de 11 millas desde la calle 110 en Harlem hasta Grand Army Plaza para instar a los demócratas del Senado a cumplir su promesa de campaña. Adhikaar retuiteo la declaración de los Estadounidenses Sudasiáticos Liderando Juntos de que el Senado debe restablecer el camino a la ciudadanía, y en contra del permiso temporal para permanecer en EEUU y los permisos de trabajo de duración limitada. DRUM retuiteó el llamado de United We Dream para un camino hacia la ciudadanía. 

A pesar de encuestas recientes que muestran que más del 55% de los votantes republicanos apoyan una vía para la ciudadanía y permisos de trabajo y protecciones contra la deportación para aquellos que han estado aquí por más de 20 años, ni un solo republicano de la Cámara votó por el proyecto Build Back Better. Los demócratas electos hablaron principalmente sobre la necesidad de que se tenía que hacer mucho más. El primer dominicano estadounidense en servir en la Cámara de Representantes, Adriano Espaillat, de Harlem, señaló que los trabajadores indocumentados contribuyen significativamente a la recuperación de la pandemia de nuestra nación y no deben quedarse atrás: “[N]s instamos ahora a nuestros colegas en el Senado a avanzar en este trabajo, restableciendo un camino hacia la ciudadanía para los millones de los llamados Dreamers, titulares de TPS, trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales que cuentan con nosotros para hacer lo que es correcto”.

Make The Road NY y NICE agradecieron a Espaillat, a AOC y a otros 10 representantes de la Ciudad de Nueva York, por firmar una carta pidiendo al Congreso que cumpla su promesa de reforma migratoria. La carta argumenta que esta “promesa de tres décadas en proceso todavía está en juego”. Los firmantes instan al Senado a rechazar esta medida temporal:

“Los inmigrantes han buscado alivio a la precariedad de saltar de un estatus temporal a otro en el único país al que pueden decir que es sure hogar. Otro estado temporal simplemente ampliaría esta precariedad”. – Carta al Senado de 91 miembros del Congreso (22 de noviembre del 2021)

Make The Road, NY publicó una serie de infografías que muestran cómo la libertad condicional temporal y el registro son muy diferentes, y recordando a los miembros que ignoren las ofertas fraudulentas para solicitar cualquiera de las propuestas, ya que aún no son leyes. 


Como señala Rosalinda Martínez, miembro de JHISN, “11 millones de personas que están presentes ahora trabajando ‘clandestinamente’ todavía no son aceptadas como ciudadanos, para no pagarles beneficios ni compensaciones, cortando sus derechos como trabajadores. Peor aún, no tienen la condición de trabajadores, en cualquier momento los pueden detener y deportar como si fueran desechables, como animales venenosos”. Pasar el proyecto BBB con permiso temporal para permanecer en EEUU refuerza el problema del inmigrante bueno versus el inmigrante malo, y simplemente pospone para muchas personas la amenaza de deportación desde ahora hasta algún momento en un futuro muy cercano, posiblemente tan pronto como septiembre del 2031. Ni la libertad condicional ni el registro son políticas radicales de izquierda, ni son nuevas en la discusión sobre inmigración. El registro fue utilizado por última vez hace
35 años, por la primera administración ‘Hacer a Estados Unidos Grande De Nuevo’, de Ronald Reagan. A millones de personas se les dio un camino hacia la ciudadanía, mientras que muchas otras fueron detenidas o deportadas, y aumentó la criminalización de las personas indocumentadas.

Aquellos que apoyan el permiso temporal pueden creer que la mayoría de las personas indocumentadas no tienen mucho que temer bajo la administración de Biden, especialmente si el permiso temporal les otorga a muchos la seguridad de vivir y trabajar de manera segura en este país. Sin embargo, millones de familias e individuos aún enfrentarán persecución por parte de ICE y la Patrulla Fronteriza porque incluso las reglas recientes del actual presidente no garantizan su seguridad. Como señala Lena Graber, abogada principal del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, las “pautas de Biden”, le han dado a los oficiales de migración poder de actuar en determinadas circunstancias, de acuerdo con su criterio personal, por lo que las acciones que ejecuten no se verían muy diferentes a las de la administración Trump”.

Incluso un programa ampliamente popular como DACA, que aún se está litigando en los tribunales, podría ser eliminado el próximo año. Y la Administración Biden, que declara su apoyo a DACA, puede estar a punto de complicar este programa: el DHS recibió del público comentarios desde septiembre a noviembre sobre una propuesta de cambio para crear varios procesos de solicitud de DACA. Una aplicación incluiría un permiso de trabajo y la otra no, lo que podría generar confusión, resultando en una situación en la que alguien puede descubrir que eligió la aplicación incorrecta para sus necesidades futuras.

AOC ha notado que algunos grupos nacionales defensores de los derechos de los inmigrantes han obstaculizado el proceso de negociación en el proyecto BBB, lo que ha dado por resultado que el permiso temporal ha reemplazado al registro como la propuesta de los demócratas en el proyecto de ley de gastos. Muchos de estos grupos no se basan en comunidades de inmigrantes o no tienen miembros indocumentados en posiciones de poder. En contraste, NICE ha dejado bien claro que “¡Nuestros miembros están listos para continuar luchando por la #ciudadaníaparatodos! después de participar en una reunión muy concurrida, nosotros nos volvemos a comprometer a exigir a los @SenateDems que ACTÚEN e incluyan un #caminoalaciudadanía en el #BuildBackBetter ¡VAMOS!” 

JHISN anima a nuestros lectores a unirse a ellos … ¡Vamos!

¿QUÉ PODEMOS HACER?
  • Únase a la campaña de United We Dream enviando un mensaje de texto a PATHWAY al 877877 y dígales a los senadores que agreguen un camino real a la ciudadanía.
  • Únase al Movimiento por la Justicia en El Barrio, en East Harlem, exigiendo que Gillibrand, la Senadora de Nueva York luche por un camino hacia la ciudadanía en el proyecto de ley Build Back Better. 
  • Únase a la campaña de RAÍCES con sede en Texas, para decirle a los senadores que agreguen un camino real hacia la ciudadanía (al mismo tiempo que se inscriben para conocer más sobre su trabajo con los refugiados).

En solidaridad y cuidado colectivo,

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