Queridos amigos,
La rica diversidad de comunidades que llaman hogar a Jackson Heights es bien conocida. La mayoría de los que vivimos aquí valoramos y celebramos que ‘otro mundo es posible’ aquí mismo en JH. Pero la complejidad de las historias y los idiomas, y los problemas políticos que enfrenta la gente en todos los niveles, hace siempre difícil saber lo que está sucediendo, incluso cuando nuestras propias comunidades se ven directamente afectadas. El boletín de hoy analiza dos problemas que son urgentes e inmediatos para los hogares de inmigrantes en el centro de Queens: el fin de una moratoria de desalojo de parte del estado, establecida para proteger a los inquilinos que no pueden llegar a fin de mes durante la pandemia; y la amenaza re-emergente de las políticas federales sobre la ‘carga pública’ que negarían a la clase trabajadora inmigrante el acceso a la asistencia pública en alimentación, vivienda y atención médica.
Puntos destacados del boletín:
- Qué sigue después que se termine la moratoria de desalojo en el estado de Nueva York
- Nueva lucha contra las regulaciones discriminatorias de la ‘carga pública’
1. Finaliza la moratoria de desalojo: ¿y ahora qué?
“Creo que este es un esfuerzo concertado de los ricos y poderosos… no solo para obligar a la gente a volver a trabajar por el bien de las ganancias, la salud será perjudicada, sino también para socavar algunas de las victorias, que los inquilinos de la clase trabajadora han logrado construyendo un poco el sentido de la democracia durante esta pandemia”.
– Joel Feingold, Unión de Inquilinos de Crown Heights
Cientos de miles de inquilinos en Nueva York, que deben meses de alquiler como resultado de la pandemia, ahora enfrentan la amenaza del desalojo, ya que la moratoria de los desalojos expiró el 15 de enero, en pleno invierno y durante un pico sin precedentes de infecciones por Covid. La mayoría de los inquilinos que enfrentan el desalojo viven en los vecindarios más afectados por la pandemia, que son las comunidades de la clase trabajadora de color en el este de Queens, el centro de Brooklyn y en el alto Manhattan. En nuestra propia comunidad, la mayoría de los inquilinos vulnerables y de bajos ingresos son hogares de inmigrantes. Entonces, el alivio de la renta y la protección contra el desalojo, como casi todas las preocupaciones políticas que atraviesan Jackson Heights, también es un problema de justicia para los inmigrantes.
En los días previos a la expiración de la moratoria de desalojo del estado de Nueva York, hubo movilizaciones de los activistas de la vivienda. El 8 de enero, grupos de defensa de los derechos de los inquilinos, marcharon por el Puente de Brooklyn al Tribunal de Vivienda de Manhattan, pidiendo una extensión de la moratoria hasta junio del 2022. El 11 de enero, los activistas bloquearon los escalones del Capitolio en Albany, exigiendo que Hochul declarara una prórroga. El 14 de enero, más de 100 personas marcharon por el centro de Manhattan, con carteles que llamaban a Hochul la “Gobernadora de los desalojos”; 13 personas fueron arrestadas en las afueras de su oficina en Manhattan. Pero Hochul dio la espalda a los inquilinos, y prefirió priorizar sus vínculos con los principales bienes raíces y los lobistas.
Incluso antes de que llegara la pandemia, una epidemia de desalojos se había desatado en Nueva York, con casi 100 familias desalojadas todos los días en todo el estado. En Nueva York, donde un tercio de los inquilinos, gastan más de la mitad de sus ingresos en alquiler más servicios públicos, se presentaron más casos de desalojo en el 2019 que en cualquier otra ciudad importante de EEUU. Al finalizar la moratoria, se sabe que hay más de 215,000 juicios de vivienda activos en la ciudad de Nueva York, de ellos, más de 190,000 están relacionados con la falta de pago del alquiler, que pueden comenzar a avanzar esta semana.
La moratoria de desalojos a nivel nacional se terminó en agosto del 2021, cuando la Corte Suprema bloqueó el intento de la administración Biden para extenderlo. Sin embargo, los fondos federales continuaron apoyando un Programa de asistencia de alquiler de emergencia (ERAP) a nivel nacional, dirigido a los inquilinos que con las justas llegan a fin de mes durante la pandemia. Aquí en el estado de Nueva York, la financiación federal de ERAP totalizó $2.4 mil millones. Pero en noviembre del 2021, la gobernadora Hochul cerró el portal de solicitud para ERAP, que los activistas de la vivienda habían previsto que prevendría una oleada de desalojos al final de la moratoria federal, alegando que el fondo estaba casi agotado. Los informes de los noticieros sugieren que el estado en realidad ha gastado solo la mitad de los $2.4 mil millones, mientras que se reserva el resto de los fondos para ‘trámites’.
Cuando Hochul cerró las solicitudes de ERAP, también eliminó la tabla de salvación para el cual ERAP fue diseñado: el de proporcionar al hogar que solicita ayuda de emergencia, una protección temporal contra el desalojo mientras su solicitud está pendiente. La Sociedad de Asistencia Legal demando a mediados de diciembre del 2021 para que se reabrieran las solicitudes de ERAP; el 6 de enero, un juez falló a su favor y emitió una orden judicial que obligaba al NYS a reabrir el portal de solicitudes.
Los activistas están divididos sobre los próximos pasos a seguir. Algunos apoyan la llamada Ley de desalojo por “buena causa”, presentado en la legislatura del estado de Nueva York, que exigiría legalmente que los propietarios tengan una “buena causa” para desalojar a los inquilinos, al mismo tiempo que los protegería del aumento de la renta. Los partidarios argumentan que el proyecto de ley de Buena Causa ofrece una solución permanente para inquilinos vulnerables, en contraste con la moratoria de desalojo basada en una emergencia. Varias ciudades en el estado de Nueva York ya aprobaron versiones del proyecto de ley de Buena Causa, incluidas Albany y Hudson, con proyectos de ley pendientes en Kingston, Poughkeepsie y New Paltz.
Otros activistas argumentan que la legislación de Buena Causa no va lo suficientemente lejos. Dado que una de las ‘buenas causas’ declaradas en el proyecto de ley para el desalojo es la falta de pago del alquiler, el proyecto de ley no protegerá a muchas de las 200,000 personas en NYS en riesgo de desalojo ahora que la moratoria ha terminado.
A nivel local aquí en el centro de Queens, debemos permanecer informados, vigilantes y listos para actuar. Los hogares y los medios de subsistencia de miles de hogares de inmigrantes, y otros inquilinos mayormente de clase trabajadora, en nuestro vecindario están en gran riesgo.
¿QUÉ PODEMOS HACER?
- Si se enfrenta a un desalojo, solicite el Programa de asistencia de alquiler de emergencia (ERAP) aquí. Inmediatamente estará protegido contra el desalojo una vez que le muestre al propietario que lo ha solicitado. El sitio web de ERAP dirá que no hay más fondos disponibles, pero aún así puede presentar la solicitud. El estado de Nueva York ha solicitado fondos adicionales del gobierno federal para el programa.
- Si necesita ayuda con una situación de desalojo, comuníquese con el concejal Shekar Krishnan al 929-293-0206 o Krishnan@council.nyc.gov.
- ¡Conoce tus derechos! Según la ley del derecho a un abogado, los servicios legales son gratuitos para cualquier inquilino que enfrente un desalojo en un tribunal de vivienda, independientemente de su estado migratorio. Llame al 718-557-1379 o al 212-962-4795 de lunes a viernes para conectarse con un abogado especializado en desalojos para asesoría.
- Comparta la información anterior con sus vecinos, compañeros de trabajo, comunidades religiosas y grupos de acción política.
2. Batalla en curso sobre la carga pública
Las reglas de carga pública (regulaciones federales que descalifican a los inmigrantes para ingresar a los EEUU o para convertirse en ciudadanos, si es que utilizan los beneficios sociales) han sido una parte muy disputada de la ley de inmigración desde 1882. Los eventos recientes están trayendo el tema de la carga pública de vuelta a la vanguardia del activismo por la justicia de los inmigrantes.
Los lectores del boletín recordarán que hicimos una inmersión profunda en las reglas de carga pública en una serie de tres partes en el 2020, poco después de que Donald Trump diseñara una expansión radical y endureciera sus disposiciones. Investigamos las funciones racistas y xenófobas de las leyes de carga pública, desde sus orígenes hasta la actualidad. Examinamos de cerca qué inmigrantes estaban en un riesgo directo por las nuevas restricciones de Trump y observamos que muchos otros estaban asustados o desalentados de usar los programas sociales debido a sus cambios agresivos. Y mostramos que el mayor peligro de las nuevas regulaciones de Trump, era que les daban a los funcionarios de inmigración, amplia discreción para atacar a los inmigrantes que, según ellos, podrían usar beneficios públicos en el futuro.
Cumpliendo una promesa de campaña, la administración Biden canceló los cambios de Trump del 2019. Pero persiste una confusión generalizada dentro de las comunidades de inmigrantes sobre quién tiene derecho legal a qué beneficios públicos. Muchos inmigrantes en Nueva York y en otros lugares no se dan cuenta de que son completamente elegibles para muchos servicios sociales y de salud, incluidas las pruebas, vacunas y atención de Covid-19; asistencia alimentaria; protección del inquilino; y ayuda legal gratuita.
Para eliminar la confusión, el Departamento de Estado (DOS) necesita aclarar y finalizar las nuevas reglas de carga pública. Entonces, en noviembre del 2021, DOS solicitó comentarios del público. El período de comentarios finaliza este mes. El principal problema en juego en este momento es si hay que volver a las reglas anteriores al 2019 o escribir otras nuevas.
Protecting Immigrant Families (PIF) y sus socios de la coalición han escrito a DOS solicitando que las reglas regresen a las
políticas anteriores a octubre del 2019. Argumentan que los cambios de Trump del 2019 han tenido un efecto paralizante persistente, ya que los hogares de inmigrantes siguen sin estar seguros hasta el día de hoy sobre su acceso legal a los beneficios sociales (incluso para los niños ciudadanos estadounidenses que siempre son elegibles). Señalan que las políticas anteriores al 2019 eran claras, justas y habían funcionado bien durante más de una década. Finalmente, PIF destaca cómo las reglas de carga pública anteriores a Trump, proporcionarían a los trabajadores esenciales durante la pandemia en curso “programas básicos de asistencia para la salud, la nutrición y la vivienda”, programas a los que recurren casi la mitad de todos los ciudadanos estadounidenses para llegar a fin de mes.
En marcado contraste, los fiscales generales de al menos 12 estados republicanos, encabezados por Arizona, presentaron una demanda para restablecer las regulaciones de Trump, apoyando la política de carga pública de línea dura que amenaza principalmente a los inmigrantes más pobres en los EEUU. Ominosamente, la Corte Suprema acordó escuchar este caso el 23 de febrero.
La forma en que se decida este caso tendrá un profundo impacto en las comunidades de inmigrantes, incluso aquí en el centro de Queens, y en el acceso de los inmigrantes de clase trabajadora a un camino justo y equitativo para la ciudadanía.
¿QUÉ PODEMOS HACER?
- Visite el sitio web Protecting Immigrant Family (PIF), con respuestas integrales en varios idiomas sobre a quién se aplica la carga pública y qué beneficios están disponibles.
- ¡Conoce tus derechos! Estos son los cinco datos principales sobre la carga pública.
En solidaridad y con cuidado colectivo,
Jackson Heights Immigrant Solidarity Network (JHISN)
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