Boletin de JHISN 10/07/2021

Queridos amigos,

En contra de los sonidos del intenso verano, hay un bullicio peculiar que hacen los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes cuando regresan otra vez a atender en persona. Adhikaar viajó a la Casa Blanca, donde una de sus miembros, Rukmani Bhattarai, se unió a una mesa redonda con la vicepresidenta Kamala Harris, abogando por un camino hacia la ciudadanía para los titulares de TPS y DACA. Esta semana, Desis Rising Up & Moving (DRUM) lanza sus seis semanas del Programa de pasantías de verano para jóvenes organizadores del sur de Asia e Indo-Caribe. Por último, Make the Road NY, acogerá la décima edición anual de la Trans-Latinx March el 12 de julio, partiendo de Corona Plaza, con una celebración de la visibilidad de los trans y Queer así como demandar por los derechos de los TGNCIQ.

Nuestro boletín de hoy, está inspirado en el trabajo de una coalición de grupos que luchan por la aprobación de la Ley de Dignidad, No Detención en el estado de Nueva York. Destacaremos también, cuán reciente es en realidad la práctica de la detención masiva de inmigrantes, y la urgente necesidad de abolir esta injusta respuesta carcelaria a la migración.

Poner fin a la detención masiva de inmigrantes 

“Una economía basada en el encarcelamiento de personas con fines de lucro es inmoral y debería ser ilegal”. 

—Tania Mattos, Gerente de Políticas y Monitoreo del Noreste con sede en Queens, de Freedom for Immigrantes

En 2017, cuando California aprobó la Ley de Dignidad, No Detención, el co-patrocinador de la legislación, Libertad para los Inmigrantes, pretendía que la ley se convirtiera en un modelo para otros estados. Es así que el 17 de mayo del 2021, un proyecto de ley del estado de Nueva York se presentó con el mismo nombre para poner fin a los contratos actuales y futuros de centros de detención de inmigrantes con ICE u otra entidad privada. Otros seis estados han hecho llamados similares a la Dignidad, No Detención, tratando de disminuir el control que tiene la economía carcelaria en las comunidades locales. Cuando se aprueben, estas leyes terminarán con la práctica federal de pagar por la detención de inmigrantes que enfrentan deportación y, en cambio, les permitirán permanecer con sus familias y en sus comunidades. 

Durante una visita reciente a El Museo del Barrio, los lectores de nuestro boletín JHISN quedaron impresionados por el trabajo colaborativo Torn Apart / Separados, un proyecto que visualiza la influencia financiera de ICE. El proyecto revela que el gasto promedio de ICE fue de $ 28 millones por año en el estado de Nueva York durante los últimos 7 años. El mapa de los datos de detención de inmigrantes de EEUU muestra que la mayor parte del gasto de ICE en el estado de Nueva York se da en transporte; una octava parte del gasto en transporte se usó en servicios de traducción; y la mitad de la cantidad gastada en traducción pagó la seguridad privada. Después de descontar los gastos de administración, los suministros tácticos y generales y los servicios de IT, los costos por gastos médicos aparecen en una cantidad significativamente ínfima. 

La detención de inmigrantes a gran escala no siempre fue una tradición estadounidense. Cuando comenzó la detención en Ellis Island en la década de 1890, solo el 10% de los inmigrantes que llegaban fueron detenidos, la mayoría brevemente para controles médicos, y muy pocos para controles de seguridad más prolongados y que luego serían liberados. Cuando Ellis Island cerró en 1954, Eisenhower hizo del confinamiento la excepción, reemplazándolo con libertad condicional, fianzas o supervisión. 

Solo en la década de 1980, bajo Reagan, comenzaron las prácticas de detención masiva. Inicialmente como un medio para desalentar a los refugiados haitianos que escapaban del régimen de Duvalier, también se aplicaron a los refugiados cubanos y salvadoreños y pronto se convirtieron en la práctica estándar. Estas prácticas fueron paralelas a las leyes de “mano dura contra el crimen”, que hicieron crecer la economía carcelaria y, alimentadas por la retórica política contra la inmigración, también obligó a los detenidos a trabajar en estos centros con fines de lucro.

La aprobación por parte del Congreso del financiamiento del DHS en el 2009, requirió que los contratos con centros de detención privados incluyeran una cuota mínima de camas de 33,400 celdas de detención, que se pagarian independientemente de si se usan o no. Aunque el Congreso eliminó el requisito de camas mínimas de la era de Obama en el 2017, la cantidad de camas garantizadas creció un 45% durante la administración Trump porque los contratos locales retuvieron esas garantías y el recuento de inmigrantes en detención diaria aumentó a más de 50.000 en 2019. 

Gráfico de Carwil

En el 2013, frente a un posible cierre del gobierno, ICE liberó a más de 2,000 detenidos para reducir los costos, y el Senado lo reprendió por violar el estatuto del 2009. La secretaria del DHS, Janet Napolitano, argumentó que la detención debe basarse en amenazas conocidas, no en el número de camas. Sin embargo, los datos de las estadísticas de detención de ICE, revelan que ellos consideraban que sólo el 17% de las personas detenidas tenían un nivel de amenaza grave, mientras que casi dos tercios no representaban ningún nivel de amenaza. El cargo de “delito grave agravado” fue creado específicamente para la ley de inmigración; como señaló recientemente la congresista Ocasio-Cortez, y describe ofensas que no son agravados ni delitos graves. El lenguaje de “delito grave agravado” se utiliza para dar la apariencia de actividad criminal en nuestro proceso de inmigración civil y para disminuir la capacidad de luchar contra la deportación y la detención.

Cuando se produjo la pandemia, las autoridades liberaron a miles de detenidos, lo que, combinado con la orientación bajo la administración de Biden, ha reducido la población diaria de detenidos, según se informa, a menos de 15.000. La dependencia de la política de ‘detener-primero’ significó que ICE usó más de $ 3 mil millones para pagar la detención de casi 170,000 inmigrantes en el 2020 y todavía hoy ICE paga más de $ 1 millón por día por camas vacías.

La economía de la detención es compleja y significativa, como lo describe Worth Rises, pero no debería impulsar la detención continua de inmigrantes involucrados en procedimientos civiles de inmigración. Las alternativas a la detención – ATD, deberían volver a convertirse en prioritarios. A pesar de los intentos del DHS de socavar su eficacia, los ATD pueden ser un 80% menos costosos (menos de $ 5 por día en lugar de $ 130- $ 300 por día para detener a una persona) y dar como resultado un 90% de cumplimiento. En 2019, ICE recibió $ 184 millones para desarrollar un ATD llamado ISAP (Programa Intensivo de Supervisión de Comparecencia) con más de 95,000 participantes. Sin embargo, ICE ha implementado ISAP utilizando agencias privadas con fines de lucro que priorizan la vigilancia y el requisito de costosos informes. En cambio, los defensores argumentan que los ATD tienen éxito cuando se involucran organizaciones confiables sin fines de lucro basadas en la comunidad.

Cuando los políticos presentan proyectos de ley como Dignidad, No Detención, o la ACLU pide el cierre de 39 instalaciones, o grupos como Abolish ICE NY-NJ toman medidas para poner fin a los contratos de ICE en el condado de Hudson, esperan que los detenidos sean entregados a sus familias o comunidad local. Sin embargo, mientras esperamos que el gobernador Murphy firme una ley de Nueva Jersey para evitar la renovación o el desarrollo de nuevos contratos de ICE para la detención de inmigrantes, la administración de Biden está trasladando a algunos detenidos de Nueva York y Nueva Jersey a centros de detención tan lejanos como Alabama, Luisiana. y Pensilvania. El New York Immigrant Family Unity Project (NYIFUP) identificó al menos a 22 detenidos de Nueva York que fueron trasladados a cárceles alrededor del país, con una velocidad sin precedentes, en algunos casos sin llevarse artículos personales, incluidos sus trámites legales. Están más alejados de sus familias, de su tratamiento médico regular y de sus representantes legales. 

Los activistas en Nueva Jersey protestaron durante 3 días en la oficina del Senador Booker en Newark esta semana, exigiendo que se detengan estas transferencias y que todos los que fueron trasladados recientemente sean devueltos a Nueva Jersey para que puedan ser entregados a sus familias. Es hora de eliminar la detención en los procedimientos de inmigración de Estados Unidos porque no se justifica.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

En solidaridad y con cuidado colectivo,

Jackson Heights Immigrant Solidarity Network (JHISN)

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