Queridos amigos:

Una de las alegrías de vivir en Jackson Heights es ver nuestra vibrante vida en las calles, animada por una rica variedad de carritos de comida y una cultura activa de venta ambulante. Pero detrás de esta alegría en la acera se encuentra la realidad de la lucha de los vendedores inmigrantes, cuyo número ha aumentado durante la pandemia a medida que la vida económica se vuelve más precaria. Esta semana informamos sobre el estancamiento actual de la lucha de los vendedores ambulantes de la ciudad de Nueva York, por derechos legales y apoyo municipal.

También echamos un vistazo al trabajo de Chhaya por obtener justicia en la vivienda. Chhaya es una organización con sede en Jackson Heights, que presta servicios a las comunidades locales del sur de Asia e Indo-Caribeña, posterior a la tormenta fatal del año pasado que mató a 11 inquilinos que vivían en sótanos, incluidas familias aquí en el centro de Queens. .  

Puntos destacados del boletín

1. La lucha de los vendedores ambulantes continúa
2. Chhaya trabaja para legalizar los apartamentos en los sótanos 

1. Vendedores ambulantes: justicia retrasada

A pesar de que el Concejo Municipal ha aprobado la legislación dirigida a proteger sus derechos. Los trabajadores ambulantes de la ciudad de Nueva York, casi todos inmigrantes, se enfrentan a diario al acoso, y a la falta de respeto por parte de la administración municipal. Las promesas solemnes de los políticos de proporcionar nuevos permisos y la aplicación de una ley más justa, no se han cumplido.

 Se estima que hay 20,000 vendedores ambulantes en la ciudad. Algunos ven la venta ambulante como un paso hacia tener una tienda, tal vez siguiendo los pasos de Arepa Lady en Jackson Heights, de María Piedad Cano, quién es una leyenda por convertir un carrito ambulante de comida de la Avenida Roosevelt, en un popular restaurante de la Avenida 37. La verdad es que la mayoría de los vendedores simplemente están tratando de sobrevivir, incluidos miles que perdieron sus trabajos durante la pandemia. Un vendedor en Flushing, que pidió que lo llamaran Wong, le dijo a Documented:

“Es realmente agotador y, para ser honesto, realmente no quiero hacer esto, pero no puedo hacer otra cosa…. Soy bastante mayor y busqué otros trabajos, pero nadie me aceptaba. Yo solo quiero ganar algo de dinero para pagar mis gastos de manutención y trabajar de manera legal, pero no puedo obtener una licencia”.

Wong, como la mayoría de las vendedoras ambulantes, enfrenta riesgos y cargas adicionales. El cincuenta y dos por ciento de estas mujeres son el principal sostén de sus familias; el 32% son proveedoras únicas. Cuarenta y cuatro por ciento reporta sentirse insegura en el trabajo, por temor a la policía o inspectores de salud, robos, agresiones y acoso racial o sexual.

La mayoría de los vendedores de alimentos ya cuentan con licencias para servir y vender alimentos; han pagado su solicitud de licencia y aprobaron un curso de salud y seguridad de ocho horas. Sin embargo, es casi imposible que estos vendedores autorizados obtengan una licencia para su carrito, debido a un rígido tope impuesto hace décadas, en los tiempos del alcalde Koch. La larga lista de espera para obtener una licencia para un carrito está cerrada desde hace años. Sin embargo, con una crueldad tan casual contra ellos, la municipalidad impone multas de $1,000 a los carritos o puestos sin licencia. También muchos vendedores ambulantes han sido arrestados, o sus propiedades destrozadas por el Departamento de Sanidad.

La última vez que escribimos sobre la lucha de los vendedores ambulantes a principios de julio, había un sentimiento de optimismo cauteloso entre los activistas. Los vendedores se habían organizado mejor. El alcalde Adams había respaldado las recomendaciones de la Junta Asesora de los Vendedores Ambulantes, validando las preocupaciones de los ambulantes y comprometiendo al municipio a una serie de mejoras prácticas. La legislación del Concejo Municipal que aumentaría el número de permisos, debía entrar en vigencia ese mes. Se suponía que el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) se haría cargo de la aplicación de las regulaciones de venta ambulante, reemplazando a la mano dura de la policía de Nueva York (NYPD).

Pero desde ese momento esperanzador, la emisión agresiva de multas a los vendedores solo se ha intensificado, ahora realizada por dos agencias en lugar de una. En un análisis de datos de junio del 2021 a mayo del 2022, City Limits informa que DCWP y NYPD juntos emitieron casi 2,500 multas, un aumento del 33% con respecto al año 2019, el año anterior a la entrada en vigencia de las políticas para reducir supuestamente la emisión de multas. City Limits también señaló que Jackson Heights, fue el código postal con más multas para los vendedores durante el primer año de aplicación del DCWP. 

El 29 de septiembre, vendedores ambulantes y simpatizantes, encabezados por el Proyecto Vendedores Ambulantes, marcharon hasta el Municipio para exigir nuevamente justicia. La senadora estatal Jessica Ramos dijo a ABC News, que los vendedores “no son delincuentes, son personas trabajadoras que buscan dignidad y buscan la legalización de sus negocios”. En respuesta, un portavoz de DCWP alegó que “las ventas sin licencia y los vendedores que no cumplen con las reglas, ponen a los neoyorquinos en riesgo de todo, desde enfermedades transmitidas por los alimentos hasta accidentes de tráfico”. 

Mientras los vendedores luchan por mantener su sustento en las calles, los burócratas del Departamento de Salud y Salud Mental (DOHMH, por sus siglas en inglés), estropearon y retrasaron la liberación de las licencias para los carritos de comida, que se necesitaban desesperadamente por mandato del Concejo Municipal. El DOHMH afirma que pondrá a disposición el primer lote de permisos para carritos, (ahora llamados “licencias de supervisión”), el próximo año, cuando estaban programados para publicarse el verano pasado. Se supone que se emitirán 445 licencias de supervisión anualmente durante nueve años, después de eso tal vez haya una mejora significativa, pero aún eso, está muy por debajo de la demanda.

“Un miembro del Proyecto de Vendedores Ambulantes que tiene más de setenta años recibió recientemente por correo la solicitud para pedir permiso de un Carrito Verde después de 15 años de espera… El permiso le permitiría vender frutas y verduras en el sur del Bronx y ganarse la vida modestamente. Pero antes de que pudiera convertirse en vendedora legal, su esposo murió. ‘Puedo ver que este día, finalmente ha llegado, en donde obtuve el permiso… y mi esposo no será capaz de ver esto’”. –Mother Jones (octubre del 2022)

¿QUÉ PODEMOS HACER?

• Contribuya al Pushcart Fund, que proporciona préstamos a los vendedores ambulantes.
• Sea voluntario o haga una donación al Proyecto de Vendedores Ambulantes.

2. Las secuelas del huracán Ida: Chhaya responde

“Necesitamos comenzar a ver los eventos climáticos extremos, no solo como problemas de cambio climático, sino también como crisis de salud pública, que impactan más severamente a las comunidades de bajos ingresos”. –Tom Wright, informe de la Asociación del Plan Regional (julio del 2022)

Hace poco más de un año, cayeron seis pulgadas de lluvia en unas catastróficas pocas horas, cuando la cola del Huracán Ida pasaba por la ciudad de Nueva York. Once personas murieron ahogadas en sus inundados apartamentos subterráneos, muchos de ellos en el centro de Queens y la mayoría de ellos inmigrantes. Cientos más de habitantes de los sótanos perdieron sus pertenencias y su único hogar.

Hoy, algunos de nosotros ya hemos olvidado el horror de las inundaciones repentinas, sin precedentes a principios de septiembre del 2021. Pero todos los hogares afectados por la tormenta lo recuerdan. Y la organización Chhaya, dirigida por inmigrantes, en el último año amplificó su lucha por viviendas asequibles y seguras, y por la legalización de unidades de vivienda en los sótanos, para que cumplan con los códigos y sean seguras. Un estimado de 31,000 edificios en Jackson Heights, Woodside, Elmhurst y Corona tienen unidades de vivienda “por debajo del nivel del suelo”, muchos de ellos alquilados a trabajadores y familias inmigrantes, y muchos de estos edificios son propiedad de pequeños propietarios/arrendadores inmigrantes.

Chhaya reconoce que estos apartamentos en el sótano, son una “parte vital del stock de viviendas asequibles de la ciudad”, que han sido criminalizados por las arcaicas leyes de vivienda de la ciudad. La lucha por sótanos bien regulados, seguros y saludables es parte del compromiso más amplio de Chhaya, por obtener justicia en la vivienda para la clase trabajadora neoyorquina del sur de Asia, e Indo-Caribe. Como fundador del Sindicato de Inquilinos de Bangladesh de NYC, Chhaya ha estado a la vanguardia de la organización comunitaria, y la estrategia política para empoderar a los inquilinos de bajos ingresos, en vecindarios de inmigrantes como Jackson Heights, donde se encuentra su oficina principal.   

En marzo del 2022, Chhaya y sus socios de la coalición en la campaña de BASE (Sótanos Seguros para Todos) lanzaron una nueva iniciativa política que exige:

• un programa de legalización de sótanos en toda la ciudad;
• $85 millones de fondos estatales, para apoyar la conversión de sótanos en apartamentos asequibles y seguros, cuyos dueños tienen bajos ingresos.
• nuevas inversiones en infraestructura resistente al clima (incluido la ampliación de sistemas de captura de aguas pluviales);
• un programa de “amnistía” para los apartamentos existentes en los sótanos, para que se comprometan a actualizarse en unidades reconocidas legalmente.    

Las comunidades de inmigrantes de clase trabajadora de la ciudad de Nueva York, viven en la intersección del cambio climático, una crisis de viviendas asequibles y severas desigualdades de salud, que incluye la desigual vulnerabilidad para desplazarse y muerte, durante eventos climáticos extremos como el Huracán Ida. Haciéndose eco de las demandas de la campaña de Chhaya y BASE, Un informe de julio del 2022 publicado por la Asociación del Plan Regional, pide la legalización de las viviendas en los sótanos para aumentar la seguridad y la inversión inmediata en infraestructura verde, para mitigar los daños causados ​​por las tormentas y las inundaciones repentinas. Ambas estrategias son potencialmente salvavidas para los inmigrantes que viven, literalmente, bajo tierra en el centro de Queens.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

• Sea voluntario o haga una donación al trabajo de Chhaya por la vivienda y la justicia económica.
• Regístrese en los talleres virtuales de Chhaya para propietarios primerizos el 30 de noviembre, y el 1 de diciembre.

En solidaridad y con cuidado colectivo,

Jackson Heights Immigrant Solidarity Network (JHISN)

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