Queridos amigos,
Pequeñas victorias, derrotas temporales: el panorama de la política de inmigración a nivel local se ha complicado. Le traemos nuestro boletín informativo con la esperanza de que pueda ayudarlo a entender lo que está sucediendo. Celebremos con DRUM (Desis Rising Up and Moving), la reciente decisión de la fiscal del distrito de Queens, Melanie Katz, de retirar todos los cargos contra Prakash Churaman, un residente joven de Queens e inmigrante de Guyana, acusado falsamente y detenido durante seis años en Rikers. DRUM, junto con varios otros grupos de base y el mismo Prakash, trabajaron incansablemente para vencer la injusticia de un sistema penitenciario que encarcela de manera desproporcionada a jóvenes negros y latinos, incluidos los inocentes. Bienvenido a casa, Prakash.
Y señalamos la derrota reciente, por ahora, de una medida progresista del Concejo Municipal de otorgar derecho al voto en los comicios municipales a cientos de miles de inmigrantes con residencia legal en la ciudad de Nueva York. Un juez republicano de Staten Island, uno de los 324 jueces electos que componen la Corte Suprema de Nueva York, acaba de dictaminar que la nueva ley viola la Constitución del estado. Los activistas que han trabajado durante décadas para asegurar el voto de los no ciudadanos en la ciudad de Nueva York han prometido apelar el fallo.
El boletín de esta semana examina un panorama distópico de la política de inmigración a nivel mundial, centrándose en la historia del sistema internacional de asilo, y los desesperados esfuerzos de los migrantes que intentan navegar en lo que queda de él.
1. El Asilo: un derecho humano en amenaza
Durante las últimas décadas, las naciones más ricas del mundo, encabezadas por los EEUU, se han movilizado para destruir el sistema global de asilo y protección establecido para los refugiados. Favoreciendo una política xenófoba y racista, violan flagrantemente el derecho internacional. “Este sistema, que alguna vez se consideró una obligación universal y legalmente vinculante, ahora es considerada como un acto voluntario”, escribe Max Fisher. Las repercusiones prácticas de este cambio para los más de cien millones de refugiados son devastadoras.
Después de la Segunda Guerra Mundial, que generó aproximadamente 60 millones de refugiados, los gobiernos del mundo se reunieron para establecer políticas de asilo unificadas basadas en el derecho internacional. El resultado fue la Convención de Refugiados de 1951, luego incorporada al “Protocolo de 1967”. Durante la Guerra Fría, EEUU, ansioso por ser visto como un defensor de los refugiados, promovió el Protocolo y lo consolidó a nivel nacional como la Ley de Refugiados de EEUU de 1980.
La Convención y el Protocolo requieren que las naciones brinden asilo a cualquier persona que huye de su país de origen debido a persecución, o temor razonable de persecución, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social en particular. Junto con otras leyes internacionales, la Convención y el Protocolo otorgan asilo a los refugiados que huyen del peligro extremo de los grupos armados o debido a conflictos civiles. Aunque el derecho de asilo no se aplica directamente a los refugiados económicos o climáticos, puede aplicarse indirectamente si están en peligro por un conflicto social a raíz de catástrofes económicas o climáticas.
La Convención y el Protocolo, firmados por 148 países, exigen que los refugiados sean tratados con dignidad y respeto. Dos disposiciones clave incluyen el principio de “no devolución”, que prohíbe el regreso de los refugiados a un país donde enfrentan amenazas graves a la vida o la libertad; y el principio fundamental de que el asilo es un derecho humano. Los refugiados también tienen derechos específicos: el derecho a no ser expulsados (excepto en condiciones estrictamente definidas), el derecho a no ser sancionados por entrada ilegal, el derecho al trabajo, la vivienda, la educación y la asistencia pública, el derecho a la libertad de movimiento , y el derecho a documentos de identidad y de viaje. Cualquier refugiado que solicite asilo debe tener su solicitud considerada en sus méritos.
Pero hoy, los países ricos hacen todo lo posible para disuadir a los solicitantes de asilo, muchos de los cuales huyen de los desastres sociales causados por el imperialismo. Hacer retroceder a refugiados desesperados en altamar se ha convertido en una práctica cada vez más común. Este abuso fue iniciado por EEUU, que comenzó a interceptar a haitianos y cubanos que huían en la década de 1990. Utilizando las “aguas internacionales” como excusa para negar el asilo, Estados Unidos encarceló a refugiados en campamentos en Guantánamo o los envió a otros países. En una versión del siglo XXI de esta política, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas (quien proviene de una familia de inmigrantes cubanos) dejó en claro a haitianos y cubanos que “si se hacen a la mar, no vendrán a los Estados Unidos”. La Unión Europea dirige prácticas duras hacia los refugiados árabes y centroafricanos que intentan cruzar el Mediterráneo. Ha negociado acuerdos con Libia y Túnez para interceptar y detener a los migrantes antes de que puedan llegar a tierra y solicitar asilo.
El derecho internacional también se ignora para los refugiados que huyen por tierra. México se ha alistado para capturar y deportar a los migrantes de América Central y otras partes del mundo antes de que lleguen a la frontera con Estados Unidos. En la frontera misma de los EEUU, la Aduana y la Patrulla Fronteriza devuelven a los refugiados al primer país que pasaron, algo que generalmente no es requerido por la Convención o el Protocolo. Los migrantes centroamericanos, haitianos y africanos que solicitan asilo se ven obligados ilegalmente a esperar en campamentos peligrosos e insalubres en México. La administración Trump creó muchas nuevas formas ilegales para disuadir a los solicitantes de asilo, insistiendo en que el gobierno tiene la autoridad para “medir” el flujo de refugiados, y negarles la admisión debido al Covid 19, usando el Título 42.
Gran Bretaña anunció recientemente que miles de solicitantes de asilo, en su mayoría personas de color, serán enviados a Ruanda, a un continente de distancia. (Esto mientras recibe de inmediato a 100,000 refugiados de Ucrania). Otros gobiernos europeos envían a solicitantes de asilo a Sudán y Libia, donde enfrentan un futuro incierto. Grecia está deportando violentamente a solicitantes de asilo a Turquía; España confina a los refugiados en Marruecos. Israel está encarcelando y deportando a los africanos solicitantes de asilo. Australia paga a las naciones insulares del Pacífico para que detengan a los refugiados que deseen presentar solicitudes de asilo, manteniéndolos a distancia y aislados. Laila Lalami resume:
“En todo el Norte Global, los países ricos subcontratan el control fronterizo a países más pobres a cambio de apoyo económico, militar o diplomático. Cargando a los países pobres con la responsabilidad moral y legal, esta colaboración deja a los refugiados a miles de kilómetros de distancia de los refugios seguros que están buscando”.
No es posible exagerar la brutalidad y la violencia que acompaña a este abandono racista del derecho internacional y de los derechos humanos.Ya que los mismos migrantes desesperados, se están arrojando contra los muros y las vallas levantadas por los países ricos y sus aliados, y en respuesta están siendo empujados, golpeados, gaseados y derribados. Los refugiados se están ahogando por miles, ya que los navíos de los países ricos se niegan a rescatarlos. Los campamentos donde se almacena a los solicitantes de asilo suelen ser inhóspitos, carecen de servicios básicos, e incluso de seguridad mínima. Millones de refugiados languidecen en estos campamentos durante años o generaciones, con pocas o ninguna perspectiva de asilo.
En los últimos días, la Corte Suprema de los EEUU dictaminó que la administración de Biden finalmente podrá desmantelar la política de “permanecer en México” iniciada por Trump, pero solo si así lo desean. La administración también parece tardíamente preparada para poner fin a las falsas restricciones del Título 42 de Covid. Estos podrían ser pasos positivos. Y, sin embargo, Biden ha deportado a más de 25,000 haitianos solicitantes de asilo. Solo en mayo, 36 vuelos de deportación llevaron a 4,000 haitianos de regreso al extremo peligro del que salieron. Solo 12,000 refugiados de todas las nacionalidades han sido aceptados este año en los EEUU, a pesar de un tope anunciado de 125,000. Los Estados Unidos, tras su precipitada retirada de Afganistán, está rechazando al 90% de los afganos que solicitan asilo. En otras palabras, el baño de sangre continúa en Afganistán
“Si se pudiera esperar solo una cosa de la administración de Biden, sería un Estados Unidos más abierto y acogedor después de cuatro años de indiferencia insensible de su predecesor por el sufrimiento en el exterior. No tenemos la retórica hostil de entonces, pero los números nos dicen que estamos recibiendo más de lo mismo”. —Marcela García, Boston Globe
¿QUÉ PODEMOS HACER?
- Participe en Human Rights First , que brinda representación legal gratuita para solicitantes de asilo y refugiados en la ciudad de Nueva York.
- Únase al Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo (que cuenta con una membresía de más de 350,00 solicitantes de asilo), para crear servicios de apoyo legal, digital y comunitario.
- Apoye Immigration Equality, un grupo nacional que promueve los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo LGBTQ y VIH positivos.
En solidaridad y con cuidado colectivo,
Jackson Heights Immigrant Solidarity Network (JHISN)
Imagen destacada: Foto de Sandor Csudai, bordes agregados, con licencia CC-BY-NC-ND-4.0.
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