Queridos amigos,
Nuestro boletín de esta semana ilustra la incoherencia y la confusión política generada por la actual política de inmigración de los Estados Unidos. Por un lado, los demócratas acaban de presentar un proyecto de ley, para remediar los 80 años de parodia que significó ubicar a los tribunales de inmigración, en una agencia federal sujeta a la interferencia política del poder ejecutivo. Por otro lado, la administración Biden continúa adoptando una de las políticas antiinmigrantes más viciosas de la época de Trump: la expulsión sistemática de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México bajo la inventada autoridad del Título 42.
Ambos problemas tienen efectos en la vida cotidiana de las comunidades de inmigrantes, incluso aquí en Queens. ¿Cómo pasar de la confusión a la comprensión y la acción? Esperamos que nuestras historias de esta semana puedan ayudar.
Puntos destacados del boletín:
- La nueva legislación apunta al sistema de los tribunales de inmigración
- Politizar los cruces de frontera en una pandemia
1. Crear un tribunal de inmigración independiente
“Mientras los tribunales de inmigración permanezcan bajo la autoridad del Fiscal General, la administración de justicia de inmigración seguirá siendo un juego de fútbol político, con la vida de las personas en juego” –Alison Peck, co-directora de la Clínica de Derecho de Inmigración
El 3 de febrero del 2022, el proyecto de Ley de Tribunales Reales, Estado de Derecho del 2022, fue presentado por tres demócratas de la Cámara de Representantes para cambiar el sistema judicial de inmigración de los Estados Unidos. El sindicato nacional de jueces de inmigración de EEUU, ha abogado durante mucho tiempo por un tribunal independiente. Si se aprueba, los jueces formarían un poder judicial independiente que no se doblegaría a los caprichos del poder ejecutivo; los tribunales de inmigración serían eliminados de la supervisión del Departamento de Justicia (DOJ). Este sería el primer cambio significativo en el sistema judicial de inmigración desde 1940, cuando Roosevelt lo sacó del Departamento de Trabajo.
La forma en que albergamos los tribunales de inmigración dentro del Departamento de Justicia, es incompatible con las prácticas de justicia, equidad y debido proceso. Hoy hablamos de jueces de inmigración, pero los Inspectores de Inmigración del Departamento del Tesoro (también conocidos como Oficiales de Investigación del Dpto de Trabajo y del Dpto. de Justicia) no estaban autorizados a usar el título de “juez”, ni a usar vestimentas de jueces hasta 1973. Estos tribunales pueden ordenar la detención indefinida de inmigrantes, sin cumplir con todos los requisitos y pruebas de que la detención es necesaria, una demanda legal fundamental requerida por el gobierno, en todos los demás procedimientos judiciales. Esto ha contribuido a una red de detención masiva en los EEUU, y ha incrementado los poderes extraordinarios de ICE para confinar inmigrantes. Frente a la aceptación bipartidista de la detención prolongada de inmigrantes, sin la oportunidad de una revisión por parte de un juez de inmigración, las campañas como las acciones Dignity Not Detention se vuelven de vital importancia.
El proyecto de ley propuesto recientemente, fue criticado de inmediato por los opositores republicanos, como un cambio costoso que no reducirá significativamente, la acumulación sin precedentes de 1,6 millones de casos de inmigración. La autora del proyecto de ley, la congresista demócrata por California, Zoe Lofgren, junto con 148 organizaciones que lo apoyan, no afirma que reducirá directamente ese atraso. Lo ven como una forma de eliminar las influencias presidenciales y políticas que se suman a la acumulación, independientemente del partido que ocupe la presidencia. Bajo Obama, el atraso surgió de la presión política para procesar las audiencias familiares; con Trump, se creó un sistema de cuotas para manejar las audiencias fronterizas, lo que contribuyó a que un número récord de jueces de inmigración se fueran en el 2019.
En el libro The Accidental History of the US Immigration Courts, de Alison Peck, aprendemos que “Los tribunales de inmigración no son realmente ‘tribunales‘ sino una oficina del Departamento de Justicia, la agencia de aplicación de la ley de la nación”. La investigación de Peck revela que la razón, por la cual los tribunales informan al Fiscal General, en el Departamento de Justicia, no se basa en la racionalidad, o las mejores prácticas, sino en un historial de paranoia y miedo.
La Secretaria de Trabajo durante la era del New Deal era responsable de decidir el estatus migratorio, una responsabilidad que contrastaba con su papel de tratar de manera justa e imparcial a los líderes sindicales, muchos de los cuales eran inmigrantes potencialmente sujetos a deportación. El Departmento de Justicia fue rechazado en 1939, como una agencia federal alternativa para asumir esta autoridad: los abogados expresaron su preocupación de que la gestión de la inmigración, en el Dpto. de Justicia tendría una carga política, y los asesores advirtieron que a la inmigración se la asociaría con el crimen y la aplicación de la ley. Pero, en mayo de 1940, el presidente Roosevelt comenzó a temer un supuesto complot nazi de la Quinta Columna para apoderarse del gobierno de EEUU desde adentro. Esta paranoia resultó en un plan para “permitir un control más efectivo sobre los extranjeros”, trasladando la responsabilidad de la migración al Departamento de Justicia. No hubo la tal Quinta Columna, solo propaganda de miedo, que ha generado casi un siglo de procedimientos judiciales de inmigración, sin los principios constitucionales del debido proceso y la separación de poderes.
Después del 11 de septiembre, nuevamente el temor afianzó aún más los tribunales de inmigración dentro del Dpto. de Justicia y, en el 2002, creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los agentes, abogados, analistas de inteligencia y oficiales de detención y expulsión del Dpto. de Justicia se fusionaron con el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (USCS) en una nueva agencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El enfoque de ICE es la aplicación de la Ley y la seguridad, no la inmigración administrativa; Los abogados del DHS de ICE, durante los procedimientos de deportación en la corte de inmigración, presentan evidencias enfocadas en garantizar la deportación. Al mismo tiempo, los jueces de inmigración trabajan para una agencia fiscal (del Dpto. de Justicia) y aprovechan fallos como las órdenes de expulsión In Absentia, que buscan negar la entrada a los inmigrantes.
El proyecto de Ley de Tribunales Reales es la primera oportunidad en 80 años, para separar los tribunales de inmigración de los encargados de hacer cumplir la ley, mediante la creación de un sistema similar a los tribunales de impuestos. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, informó que el proyecto de ley fue redactado para atraer a los miembros de ambos partidos políticos, con la promesa de que la balanza no se inclinará hacia ningún extremo del espectro político. Pero es posible que el proyecto de ley, no despolitice los tribunales de inmigración por completo, porque propone un proceso de nominación presidencial y confirmación del Senado para los jueces, similar al de la Corte Suprema, y dichos procesos de nominación y confirmación pueden estar muy politizados.
¿QUÉ PODEMOS HACER?
- Únase al Dia Nacional de Acción #CommunitiesNotCages Regístrese ahora con Detention Watch.
- Escuche el último blogcast de Redirect y escuche de primera mano a los abogados que trabajan en la corte de inmigración, cómo el sistema es ante todo administrativo.
- Únase a Dignity Not Detention y llame al gobernador Hochul para exigir el cierre de la cárcel del condado de Orange en Goshen, NY, donde más de 50 detenidos se encuentran actualmente en huelga de hambre.
- Escuche a Tania Mattos en “Dismantling Injustice” discutiendo la lucha para poner fin a la detención de inmigrantes en el estado de Nueva York.
2. Fronteras de Covid
Esta semana en la frontera norte de los EEUU, las autoridades despejaron de manera lenta y cortes los bloqueos de camioneros canadienses, que interrumpieron el comercio internacional y sitiaron varios vecindarios. Los bloqueos fueron provocados por el mandato del gobierno canadiense que exige la vacunación de Covid-19 para los camioneros transfronterizos (el 90% ya estaban vacunados). Manifestantes bien financiados, prácticamente todos ciudadanos canadienses blancos, aprovecharon los cuellos de botella fronterizos para promover una versión peculiarmente derechista de la “libertad”: libertad para socavar la salud pública durante una pandemia, libertad para infectar a otros.
Por el contrario, en la otra frontera de EEUU, unas 1500 millas al sur, cientos de miles de inmigrantes de color de clase trabajadora empobrecidos, que buscan asilo debido a la violencia, la crisis económica y el cambio climático, están siendo brutalmente abusados y expulsados de EEUU, en clara violacion al derecho internacional por una administración que les había prometido dignidad, y respeto. ¿La excusa de la administración? COVID-19.
En marzo del 2020, cuando Donald Trump usó como arma el Título 42 de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944 para expulsar a los solicitantes de asilo por “riesgo de covid”, fue denunciado en muchos sectores. El Título 42 permite que el gobierno evite que las personas ingresen a los EEUU durante ciertas emergencias de salud. Pero no le da rienda suelta al gobierno:
“La ley estadounidense dice que cualquier persona en los Estados Unidos o en la frontera con los Estados Unidos tiene derecho a solicitar asilo… No hay nada en la ley que permita al gobierno expulsar [migrantes] sin ningún debido proceso”. Olga Byrne, Comité Internacional de Rescate
Varios jueces federales dictaminaron que las expulsiones generales del Título 42 eran ilegales. Sin embargo, Trump siguió adelante, realizando cientos de miles de expulsiones sin audiencia. La administración Biden está siguiendo sus pasos. Anunció el verano pasado que continuaría utilizando el Título 42, sujeto a revisión cada 60 días. Esta se renovó por última vez el 2 de febrero.
El covid-19 es un pretexto falso, para la expulsión masiva de personas de color de la clase trabajadora, por parte de Biden, tal como lo fue para Trump. El “riesgo de covid” no ha provocado que EEUU prohíba a millones de visitantes y empleados cruzar rutinariamente la frontera mexicana todos los meses. La administración tampoco se ha molestado en evaluar, tratar o vacunar a los solicitantes de asilo, simplemente los rechaza a todos sin control. El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, defiende enérgicamente esta práctica, insistiendo en que la agencia utilizará el Título 42 en toda su extensión para expulsar a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera.
En septiembre, impactantes imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo, amenazando con azotar y pisotear a los inmigrantes haitianos, aumentaron la conciencia pública sobre la realidad a sangre fría de la expulsión del Título 42. A diferencia de los solicitantes de asilo de otros países, los haitianos que llegan a la frontera, generalmente no son devueltos a México para esperar una audiencia de asilo, una práctica que en sí misma es una violacion radical, de los derechos humanos de los migrantes. En cambio, la mayoría han sido encarcelados sin ninguna audiencia, en centros de detención infestados de covid en los EEUU, y luego obligados a subir a aviones de regreso a Haití, a las mismas condiciones intolerables que los hicieron huir en primer lugar. Como resultado, muchos Haitianos solicitantes de asilo, han decidido no acercarse a la frontera de Estados Unidos, y permanecen atrapados en México.
Los defensores de la justicia para inmigrantes y progresistas demócratas condenaron la política de Biden de usar el Título 42. “Hablamos en contra del trato cruel, inhumano y racista de nuestros hermanos y hermanas haitianos en la frontera sur”, dijo la representante Ayanna Pressley. Dos altos funcionarios designados por Biden renunciaron disgustados. Naciones Unidas ha denunciado reiteradamente, las violaciones del derecho internacional por parte de EEUU. Solo el pasado lunes, más de 30 congresistas exigieron que la CDC explicara cómo podría justificarse el apoyo a tal política. Y, sin embargo, más de 17,000 haitianos han sido expulsados por esta administración según el Título 42, y en total más de un millón de migrantes.
“Nunca hubiera predicho que esta Casa Blanca, dentro del Año Uno, estaría expulsando a los haitianos a un país en ruinas. En diciembre del 2020 estábamos hablando acerca de una visión transformadora. Y en el 2022, expulsar a los haitianos sin un debido proceso de asilo. Guau.” —Frank Sharry, America’s Voice
¿QUÉ PODEMOS HACER?
- Apoye a Black Alliance for Just Immigration (BAJI) y lea sus informes sobre la inmigración haitiana.
- Haga una donación a Haitian Bridge Alliance, que brinda defensa y servicios a los inmigrantes haitianos.
En solidaridad y con cuidado colectivo,
Jackson Heights Immigrant Solidarity Network (JHISN)
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