Queridos amigos,
Esta semana les traemos noticias desde la primera línea comunitaria en pos de justicia para los inmigrantes, destacando el trabajo reciente de DRUM, un grupo local que construye poder social entre los neoyorquinos con bajos salarios del sur de Asia, y del Indocaribe. Luego, ofrecemos una mirada aterradora a los publicitados planes para desmantelar, y reorganizar el Departamento de Seguridad Nacional en una agencia militarizada y antiinmigrante que opere con impunidad. Los planes son parte del famoso Proyecto 2025, un sueño febril de la derecha en el caso de que el Partido Republicano controle la Casa Blanca después de las próximas elecciones.
En estos últimos días del Ramadán, mientras las comunidades en el barrio miran hacia la luna creciente que marca el final de este mes sagrado de ayuno, reflexión y oración, recordamos a los palestinos que todavía enfrentan hambre y hambruna en Gaza, mucho después de que la luna de Shawwal esté llena.
Aspectos destacados del boletín:
- DRUM inicia reuniones comunitarias con los políticos elegidos
- Los planes de injusticia para los inmigrantes del Proyecto 2025
DRUM Concoca a los Legisladores
DRUM (Desis Rising Up and Moving) es conocido por promover democracia desde las bases. En febrero, en lugar de esperar a que sus representantes políticos elegidos, celebraran reuniones municipales sobre la legislación que DRUM apoya, organizaron múltiples reuniones comunitarias locales e invitaron a los electos a asistir.
“Para nuestras reuniones comunitarias, queríamos invertir la dinámica de ir hacia nuestros representantes. Esta vez, les pedimos que vinieran y se sentaran con la gente de los distritos que representan y escucharan directamente de nosotros sobre los temas en torno a los cuales nos estamos organizando”.—DRUM Facebook
Se llevaron a cabo cuatro reuniones abiertas: dos en Queens, una en Brooklyn y una en el Bronx. Estas “fueron oportunidades para que practicaran la rendición de cuentas e informaran sobre sus acciones que afectan nuestras vidas” dijo DRUM.
Los principales temas de preocupación incluyeron la crisis de la vivienda, los derechos de los trabajadores, la educación y el genocidio en Gaza. La legislación correspondiente actualmente en el Senado estatal son los proyectos de ley Good Cause, el Programa Puente de Desempleo y Not on Our Dime.
La Ley de buena causa protegería a los inquilinos del desalojo arbitrario y mantendría los aumentos de alquiler al 3%, o al 150% del Índice de Precios al Consumidor, el que sea mayor, siempre que los inquilinos sigan pagando el alquiler. Los propietarios aún podrían desalojar a los inquilinos por falta de pago del alquiler o violaciones del contrato de arrendamiento.
El Programa Puente de Desempleo establecería un fondo para reemplazar los salarios perdidos para los trabajadores, que no son elegibles para el seguro de desempleo debido a su estatus migratorio, o por el tipo de trabajo que realizan. Este proyecto de ley se basa en las propuestas del histórico Fondo de Trabajadores Excluidos.
La Ley No con nuestro dinero pondría fin al apoyo del estado de Nueva York a la actividad de los colonos israelíes, al prohibir que las organizaciones sin fines de lucro apoyen la actividad de los asentamientos israelíes, que violan el derecho internacional y las Convenciones de Ginebra de 1949.
El informe de DRUM dice:
“A todos nuestros políticos, les pedimos que se tomen el tiempo para estar en las comunidades para las que fueron elegidos y que se presenten de manera significativa”.
¿QUÉ PODEMOS HACER?
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2. El Siniestro Mandato del Proyecto 2025
“El Proyecto 2025 explica cómo la administración gubernamental detendría la inmigración legal, centralizaría el poder en el gobierno federal, reduciría las protecciones de privacidad y arriesgaría la seguridad y prosperidad estadounidenses, todo en pos de una obsesión política contra la inmigración”.—Cecilia Esterline, “Revelando el plan de la extrema derecha para demoler la inmigración en un segundo mandato de Trump” (Centro Niskanen, febrero de 2024)
Las 900 páginas del Proyecto 2025 Mandato por liderazgo, es un libro de jugadas que se describe asimismo como conservador para “garantizar la implementación de la agenda del Primer Día”, que Trump, sin arrepentirse, ha declarado que será su día de dictadura. Como guía para “deconstruir el Estado administrativo”, 35 páginas del Mandato del Proyecto 2025, se centran en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus procedimientos de inmigración. Si se implementan, estas iniciativas darían efectivamente a más agentes militarizados de Operaciones de Detención y Deportación la autoridad para realizar registros sin orden judicial en cualquier parte del país, y, cuando lo indique el Secretario del DHS, hacer cumplir estas regulaciones a nivel internacional. El Proyecto 2025 crea un plan para la vasta expansión del poder ejecutivo para que no rinda cuentas. El DHS estaría dirigido por el ejecutivo y los funcionarios políticos designados, quienes adoptarán enfoques novedosos para eludir el proceso de confirmación del Congreso. Crearán análisis de datos y canales de comunicación para controlar el flujo de toda la información para justificar y promulgar su postura antiinmigración sin controles ni contrapesos.
Una muestra de las recomendaciones del Proyecto 2025 que va a desmantelar el DHS y su sistema de inmigración existente, incluye detener los fondos para todas las ONG que apoyan a los inmigrantes; presupuestar más dinero del gobierno para el muro fronterizo y aumentar la seguridad en los puertos de entrada; priorizar la deportación inmediata de inmigrantes en vez de las citaciones para comparecer ante un tribunal de inmigración; poner fin a las prohibiciones legales sobre la separación familiar, y permitir el irrestricto uso de tiendas de campaña para el “alojamiento” temporal de inmigrantes; derogar la regla de menores no acompañados y permitir que los niños sean atendidos y alojados por el DHS en lugar de ser atendidos por los Servicios Humanos y de Salud; elevar el estándar para el asilo por miedo creíble, y eliminar la violencia doméstica o la violencia de las pandillas como motivos de asilo; ampliar el uso de los Blackies warrant (orden para inspeccionar centros laborales) basándose en tu apariencia o etnia, lo que permite, con supervisión limitada, redadas en los centros de trabajo y arrestos de trabajadores inmigrantes; y finalmente recomienda restablecer el Departamento de Desnaturalización para retirar la ciudadanía estadounidense y deportar a las personas.
La razón dada para estas recomendaciones es afirmar que el DHS, ha “sido tomado por la izquierda y lo usa para atacar a los estadounidenses, a quienes la izquierda percibe como oponentes políticos” (p. 135). El Mandato en sí mismo convierte directamente a todos los departamentos en un arma contra los inmigrantes, incluso a la única agencia que la gente reconoce que apoya a personas en extrema necesidad, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) (p. 138). Después de afirmar primero que la agencia de respuesta a desastres no es legal, luego el Mandato exige que cualquier organización que reciba fondos de FEMA demuestre que es un actor legal:
- Al obligarlos a detener inmigrantes.
- A otorgar al DHS acceso completo al DMV, y a los registros de votación, a cualquier estado que reciba apoyo de FEMA.
- Exigiendo que se registren en E-verify.
Los críticos han descrito E-verify como una vigilancia gubernamental intrusiva y costosa de la vida diaria que crearía enormes riesgos de privacidad y seguridad. El ACLU escribe que “un sistema E-Verify obligatorio, que obliga a todos en el país a pedir permiso al gobierno para trabajar, simplemente no pertenece a una reforma migratoria justa”.
El Proyecto 2025 no busca crear un sistema de inmigración justo o mejor; esa es una función legislativa. El objetivo principal del Mandato es reorganizar el DHS de modo que el Congreso tenga poco poder sobre la forma en que funciona el Departamento o quién lo dirige. Un segundo objetivo es militarizar aún más el departamento, y cambiar el trabajo administrativo en uno para aplicar la ley. Transformará lo que es el tercer departamento federal más grande, en una fuerza armada de 100,000 personas que el presidente puede manipular, a nivel mundial, sin supervisión del Congreso. Otra prioridad es eliminar las opciones para las solicitudes de asilo, incluida la eliminación de las solicitudes basadas en el temor creíble. La única vez que el Mandato agrega una opción para la inmigración, es cuando recomienda que a las personas adineradas se les permita pagar por procedimientos de inmigración acelerados (p. 146).
Incluso si no se adopta la recomendación de forjar ese departamento de 100,000 agentes, el Mandato 2025 ofrece otra opción: combinar la Patrulla de Aduanas y Fronteras (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un solo departamento, la Agencia de Inmigración y Seguridad Fronteriza (BSIA) (p. 138). Dada “la persistente necesidad y utilización de personal y recursos militares estadounidenses para ayudar a BSIA con crecientes esfuerzos de todo el gobierno” (p. 139), pero van aún más lejos: la Oficina del Aire y la Marina (OAM) compartirá con BSIA sus activos de aviación en todo el mundo y en todos los estados de EEUU. El DHS tendría entonces la opción de utilizar equipo militar/de aviación en cualquier lugar de los EEUU o en todo el mundo dondequiera que vea una amenaza. Esta extralimitación militarizada ya se puso a prueba en el 2020, cuando CBP voló un dron fuera de la región fronteriza de 100 millas para monitorear una protesta de George Floyd en Minneapolis.
El 2025 Mandato también amplía el papel de la División Uniforme del Servicio Secreto que protege los terrenos físicos de la Casa Blanca. Su jurisdicción se ampliaría para cubrir todo Washington, DC, para contrarrestar lo que se afirma que es una “tendencia de las políticas progresistas a favor del crimen” (p. 158). Los memorandos de ICE que identifican las zonas sensibles adónde los agentes no pueden ir serían rescindidos. Al eliminar “las limitaciones autoimpuestas a su jurisdicción nacional”, los agentes de ICE pueden ejecutar “el arresto civil, la detención y la expulsión de infractores de inmigración en cualquier lugar de Estados Unidos sin orden judicial” (p. 142). Esto significa que cualquier centro de estudios, hospitales, lugares de culto religioso, funerales, bodas y manifestaciones públicas, marchas o desfiles se convierten en lugares donde los agentes federales pueden actuar sin obstáculos.
La mayoría de las personas cuyas vidas son vulnerables por la escalada deshumanizante y la expansión de las prácticas de control de la migración, militarizadas en todo el país, no pueden votar en las elecciones que pueden detener la implementación de este Mandato. Si a los votantes estadounidenses les parece bien elegir políticos que promulguen estos cambios, que podrían utilizarse para limitar sus propias libertades, es porque no esperan que estas tácticas se utilicen jamás en su contra. Pero, podrían estar equivocados.
¿QUÉ PODEMOS HACER?
- Comparte y dona a accountable.us que utiliza el seguimiento de la influencia de su sitio web, para revelar cómo los grupos de intereses especiales influyeron en el Proyecto 2025.
- Firma las peticiones de la Coalición de Comunidades de las Fronteras del Sur y comparte su trabajo de concientización sobre los poderes de la Patrulla Fronteriza.
- Leer este capítulo completo del Mandato para encontrar otras sorpresas, como impedir que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) detenga futuras interferencias electorales (p. 155) o quitarle al Servicio Secreto los dos tercios de su trabajo de investigación de crímenes financieros electrónicos o delitos de cuello blanco (p. 157).
- Animar a la gente a leer las obras de MacArthur Fellow, y de la historiadora Kelly Lyle Hernández, quien desafía los orígenes, la ideología y la evolución de las prácticas de encarcelamiento y detención de inmigrantes en Estados Unidos.
En solidaridad y con cuidado colectivo,
Red de Solidaridad con Inmigrantes de Jackson Heights (JHISN)
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